La segunda pieza de los ERE enviada a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento, la relativa a la ayuda concedida por la Junta de Andalucía a Surcolor, la juzgará la sección tercera tras el reparto erróneo realizado la semana pasada, han informado a Efe fuentes judiciales.
En el primer reparto, esta causa de los ERE, en la que hay seis ex altos cargos de la Junta procesados, se envió a la sección primera de la Audiencia porque prevaleció el criterio de antecedentes y ya le habían asignado -por sorteo- la pieza política del caso.
Sin embargo, esta sección, a la que le ha correspondido la pieza política de los ERE, devolvió la causa tras considerar que el reparto había sido erróneo, han señalado las fuentes.
Tras la devolución de la causa, un nuevo reparto basado en el criterio de orden de entrada de causas complejas, como es el caso, ha establecido hoy que sea la sección tercera de la Audiencia la que se haga cargo de la pieza de Surcolor.
En ella están procesados seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía por la ayuda de 2,3 millones de euros concedida entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor.
El pasado 23 de febrero se remitió a la Audiencia la primera pieza de los ERE, la denominada política, en la que están procesados 25 ex altos cargos andaluces, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En la pieza de Surcolor están acusados el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Trabajo Agustín Barberá Salvador; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez; y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas Sánchez.
La Fiscalía solicita ocho años de prisión para Fernández, Guerrero, Barberá, Rivas, el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y el presunto testaferro Juan Francisco Algarín, así como seis años de cárcel para Márquez y Rivera.
En la ayuda de Surcolor, el juez de refuerzo Álvaro Martín ordenó la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación continuada, malversación continuada, prevaricación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, tráfico de influencia y falsedad en documento mercantil.
En esta causa también están procesados dos propietarios de la empresa Surcolor; dos directivos de Vitalia, un representante sindical y un miembro de Estudios Jurídicos Villasís.
Además, el juez acordó abrir juicio contra dos intermediarios para hacer posible estas ayudas y contra otras dos personas que recibieron ayudas de la Junta como trabajadores de Surcolor y Surcolor Óptica sin haber trabajado nunca en estas empresas, los denominados "intrusos".
Uno de los intrusos estaba previsto que cobrara 104.885 euros y el otro 120.200 euros, a razón de 1.200 euros y 947 euros al mes.
Se da la circunstancia de que los ex altos cargos Fernández, Barberá, Guerrero, Rivera y Márquez están también procesados en la pieza política de los ERE.
En dicha pieza política, el Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión para Antonio Fernández, y en otra pieza aún no enviada a la Audiencia, la de Acyco, solicita otros doce años de cárcel por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos en las ayudas concedidas
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