En el auto dictado el pasado día 19 por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, David Villagrá, al que tuvo acceso Europa Press, se atribuye al regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas "ilegales" mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación sin cumplir requisitos exigidos por la ley.
Señala, en esta línea, la construcción de cinco viviendas unifamiliares en un solar situado en el paraje de Los Menchones y un edificio de tres alturas en el centro urbano del municipio sobre suelo que eran propiedad de su padre por parte de empresas promotoras a las que, al parecer, "se daba trato de favor" y la existencia de "cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros" en cuentas bancarias donde Trabalón figura como titular.
Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra un total de 25 imputados entre los que figuran constructores, funcionarios y arquitectos, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable "a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico" y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.
El ex edil de Urbanismo, según se desprende la instrucción incoada en 2008, habría aceptado, asimismo, el uso de un vehículo adquirido por la constructora propiedad de Antonio López para la que trabajaba de forma "encubierta" y habría percibido cantidades de dinero por la concesión de licencias que justificó, al parecer, con informes técnicos preceptivos favorables pero "inexistentes" mientras que Trabalón certificaba antiguedades de viviendas que no existían antes de que él accediese a la Alcaldía.
A Tijeras se le imputa junto a dos arquitectos municipales que también fueron detenidos por la Guardia Civil y un técnico del Ayuntamiento un delito de negociaciones prohibidas en funcionarios públicos. En el primer caso, se le achaca el realizar actividades directamente dirigidas a favorecer la obtención de permisos para obras sobre suelo no urbanizable por parte del constructor citado anteriormente, también detenido en abril de 2008 y, por tanto, imputado por delito contra la ordenación del territorio y cohecho.
La actuación al frente de la corporación local zurgenera de Cándido Trabalón y el que también fuera primer teniente de alcalde ha arrastrado también a ocho ediles del PA y del PSOE, partido con el que los andalucistas gobernaron en coalición durante el mandato entre 2003 y 2007. El juez considera que todos, a excepción del único concejal con acta del PP, incurrieron en un delito de prevaricación urbanística al emitir voto favorable en pleno a "multitud de licencias en suelo no urbanizable".
FUNCIONARIOS
En las diligencias previas de las que ha derivado el auto notificado a las partes el pasado día 22 para la incoación de procedimiento abreviado contra 25 personas por cientos de viviendas irregulares en La Alfoquía, Los Llanos del Peral o Los Menchones figuran imputados hasta cuatro funcionarios del Ayuntamiento que habrían dado cobertura cómplice "a sabiendas de que se permitía la construcción en suelo no urbanizable".
Además de los dos arquitectos, de los que uno simultaneaba su trabajo con colaboraciones para un estudio vinculado con una promotora investigada, el juez señala a la secretaria del Consistorio, Trinidad Lidueña y a un técnico municipal que ejercía como administrador solidario de la empresa 'New Medina Villas'.
El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa cita a esta sociedad, encargada de levantar el inmueble de tres alturas en un solar propiedad del padre del primer edil zurgenero, al desgranar otras como 'Dizu' --propiedad del empresario también arrestado Tomás Zurano-- 'Solnor', 'Welcome to Spanish Home', 'Procosona' y 'Colyar', un entramado de empresas que levantaron cientos de viviendas unifamiliares en el término municipal destinadas al emergente y pujante mercado británico.
PROMOTORAS
Sus administradores, un total de ocho, según apunta la práctica de pruebas durante la instrucción, habrían cometido presuntos delitos contra la ordenación del territorio si bien en los casos de Tomás Zurano, Antonio López y otro empresario añade los de cohecho, tráfico de influencias y desobediencia. En concreto, a éste último le acusa de continuar con sus promociones inmobiliarias en Los Llanos del Peral pese a que sobre ellas pesaba una medida cautelar judicial de suspensión de obras
Por su parte, el propietario de la constructora DIZU planificó en La Alfoquía, según el auto, un residencial de 44 viviendas aunque, sobre todo, podría haber incluido en elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zurgena por buena relación con el regidor, cuyo cuñado, también en la causa, estaría detrás de la ejecución como promotor de cinco viviendas familiares sobre suelo no urbanizable en Los Menchones.
Al tiempo, Antonio López maximizaba su relación con el entonces concejal de Urbanismo en el municipio para construir un numero indeterminado de inmuebles y el administrador de 'Procosona', tal y como se recoge en las diligencias previas, "realizaba pagos a Tijeras mediante talones con cargo a las cuentas bancarias de sus empresas".
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