Todas las estrecheces que constriñeron al sector público durante el peor tramo de la crisis parecen haber pasado a mejor vida. Una de las consecuencias de aquella etapa negra de recortes y recesión fue el debilitamiento extremo de las plantillas de la Administración, que fueron adelgazando en toda España por efecto de las tasas de reposición. Ese tope máximo fijado por el Gobierno central, todo un fantasma para los opositores, impedía convocar nuevas plazas porque no había fondos con los que costear a más nóminas y sobre España planeaba el rescate. El problema es que los funcionarios, como cualquier trabajador, se jubila y hay que sustituirle. Al principio se aguantó el chaparrón y no se cubrieron bajas. Luego se abrió la mano en sectores prioritarios como educación y sanidad con una reposición del 10% que escaló al 50% y ahora llega ya al 100%. Se pueden cubrir todas las bajas, pero eso no garantiza recuperar lo perdido por el camino.
En apenas unas semanas todos aquellos nubarrones han ido disipándose. Este miércoles se conoció, por ejemplo, que el Gobierno ha olvidado la amenaza que lanzó hace semanas el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando alertó de que sin Presupuestos estatales quizás no se podrían convocar oposiciones porque no había forma de garantizar la ya famosa tasa de reposición. Con las cuentas públicas ya casi garantizadas por la oposición ese mensaje ha acabado enterrado. El Ejecutivo levanta el amago de veto y anuncia que no obstaculizará las ofertas públicas de empleo de las comunidades autónomas. En Andalucía se encargó de confirmarlo el propio delegado del Gobierno, Antonio Sanz.
Pero no fue la única buena noticia para quien aspira a convertirse en personal fijo de la Administración. El otro daño colateral de la crisis fue el volumen desorbitado de personal eventual o interino que ha acabado poblando la función pública. En Andalucía las tasas han sido tan disparatadas que la Junta se ha ganado en las últimas décadas varias reprimendas de la Unión Europea. El sector educativo sabe mucho de eso.
La jornada dejó el mensaje de la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, de que ya está sobre la mesa un proyecto para convocar una oferta pública de empleo extraordinaria destinada en exclusiva a todos esos empleados que están ya dentro de la estructura de la Junta pero sin plaza asegurada. Su desembarco no fue casual: en tiempos en los que no se podían convocar plazas se les contrató porque de no hacerlo no se podrían haber atendido, por ejemplo, escuelas ni hospitales. Son profesores, enfermeros o administrativos pero no funcionarios. Ahora pasarían a serlo y, como matizó Montero, sin coste adicional porque ya cobran sueldo de la Junta. Quien lo logre pasaría de eventual o interino a fijo, que no es poco en la comunidad con mayor paro de España.
Otro mérito para Díaz
Los beneficiados serán sin duda los 40.000 empleados ahora con contratos temporales, pero la consejera no desaprovechó la ocasión de recordar ayer que si la iniciativa triunfa será en buena medida porque Susana Díaz la propuso en la Conferencia de Presidentes. Otro mérito en la carrera hacia Ferraz. La oferta extraordinaria puede solaparse sin problema con la ordinaria aprobada ya por la Junta para este año en sectores como el educativo, el sanitario o la Administración General, que ronda las 8.000 plazas.Eso sí, antes de lanzar las campanas al vuelo la Junta necesita el aval del Gobierno central. Los últimos síntomas del Ejecutivo de Rajoy, sumido en su debilidad parlamentaria, no auguran obstáculos.
Vía libre sindical a la oferta educativa
La que sí está atada ya es la oferta de empleo educativa de este año, pendiente de una inminente convocatoria para que los aspirantes se examinen en junio. Los sindicatos dieron ayer el visto bueno a la oferta de 2.144 plazas, con el único pero de CCOO a las plazas de Música y Artes Escénicas. Las mayores ofertas serán para maestros de Inglés (625), Francés (602) y Pedagogía Terapéutica (350). Infantil y Primaria tendrán que esperar.
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