El pasado miércoles, el portuense Diego Llopis, propietario de una vivienda con carga de demolición en Cantarranas, acudió al Pleno ordinario para explicar su situación y dar a conocer que el Ayuntamiento tiene la última palabra en su caso, puesto que, como indica, el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), “nos ha llegado un correo donde se insta al Ayuntamiento a que se pronuncie”.
Así, este portuense asegura que “estamos en el buen momento de que el Ayuntamiento nos apoye”, añadiendo que puede hacerlo acogiéndose al dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un caso similar acaecido en Galicia, en el que se permite que siga en pie la vivienda de una familia. Y es que, lo importante es que, no solo los vecinos justifiquen que no se derribe esta vivienda de Cantarranas, sino que también lo haga la administración local.
Además, de esta forma se daría por fin cumplimiento a un acuerdo gestado en un Pleno en 2007, en el que todos los partidos políticos que formaban la Corporación municipal dieron su apoyo unánime a este vecino para luchar por una solución a su caso. Un acuerdo que nunca se envió, según denuncia Diego Llopis, al TSJA.
“Y es que, no se puede condenar a unos vecinos que compraron una vivienda de buena fe” en 1995 y sobre la que pesaba una denuncia que llevó al chantaje de un vecino “al que no entramos” y por lo que “nos hemos visto en esta situación”, explica.
Recuerda Diego Llopis que “el juez Marchena nos autorizó a poder grabar a este vecino”, cuando les pedía dinero, “pero la secretaria judicial”, al no conocer el funcionamiento de la grabadora, “borró el momento en el que nos pedía dinero”, indica.
“Hemos podido ir parando el derribo”, siendo la última vez el 12 de diciembre de 2016, gracias a la presión vecinal, pero hay una nueva fecha, fijada para el 5 de abril. Por ello confían en que no haya que llegar a dicha fecha, y todo pueda quedar aclarado antes, con el apoyo y ayuda del Consistorio.
“Con el PGOU pensamos que se irían acabando nuestros problemas, pero en cambio no ha sido suficiente”, a pesar de que los propietarios de Cantarranas están en vías de regularizar esta zona.
Por ello, entiende que “si se puede mandar respuesta favorable al tribunal viviremos en paz lo que nos queda”, pero si no, volverán a su calvario, en el que viven inmersos todos los días, desde hace más de veinte años.
Este portuense, debido a lo delicado de su caso, recibió el aplauso de todos los concejales y vecinos presentes en el Pleno, que mantuvieron alzados unos carteles mostrándole su apoyo.
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