"Es suyo, que se queden con él". Con esa frase ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que la Junta "devuelve" al Estado la gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Susana Díaz por la campaña sobre el supuesto agravio comparativo con otras comunidades autónomas que enarbola desde hace meses el Partido Popular. El Consejo de Gobierno ha tomado esa decisión y ya se lo ha comunicado al propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por boca de la consejera del ramo, María Jesús Montero. La Junta sugiere que la Administración estatal "se quede" con el gravamen pero con una advertencia: a cambio debe compensarle por esa merma de ingresos de forma que mejor considere.
El órdago tiene una evidente vertiente política. El PP andaluz es el abanderado de las protestas contra el Impuesto, que cree injusto y desorbitado frente al de otras regiones, en especial Madrid, y ahora el Gobierno de Díaz le lanza la pelota a su tejado. Gestiónenlo ustedes entonces, le sugiere la Junta al Ejecutivo central. En la justificación de ese reto Vázquez ha cargado contra los populares, a los que considera culpables de orquestar campañas basadas en "falsedades" y "mentiras".
El Ejecutivo socialista ha defendido siempre que sólo el 7% de los andaluces paga realmente por heredar, y que ese porcentaje se reduce al 2% en el caso de beneficiarios directos, especialmente hijos. Esa tesis conecta directamente con otra según la cual en realidad el PP tan sólo busca suprimir el gravamen para beneficiar a "5.000 ricos", que a su juicio son los que más heredan y por lo tanto superan el tope de 250.000 euros exentos que fija la legislación tributaria andaluza desde enero de este año. Ciudadanos es el otro partido que más ha presionado para la supresión o bonificación casi total del impuesto y el que más concesiones ha arrancado a la Junta gracias al pacto de investidura firmado en su día con Susana Díaz y a las presiones que ejece para seguir dotando de estabilidad a su Gobierno.
No habría por tanto eliminación del impuesto, sino sólo ofrecimiento para que la gestión cambie de manos. Lo que recauda ahora la Junta pasaría a cobrarlo el Estado, siempre que éste acepte, algo que ahora mismo se torna una quimera. El tema de la armonización fiscal y de evitar que las comunidades autónomas compitan entre ellas estaba sobre la mesa en un grupo de estudio formado por todas las regiones y el Gobierno central y que se moldeó en la Conferencia de Presidentes. La Junta sube varios escalones de golpe y lanza el órdago al PP, incluso a sabiendas de que difícilmente será aceptado.
La decisión del Consejo de Gobierno tiene además otras lecturas, y todas vinculadas con el futuro inmediato de Susana Díaz. La campaña contra el Impuesto de Sucesiones estaba convirtiéndose en otra amenaza para la imagen de gestora que la presidenta andaluza debe lucir como una de sus cualidades en su inminente batalla por el poder del PSOE nacional. Con la campaña de las primarias en puertas y el anuncio de su postulación acercándose, Díaz no puede permitirse el lujo de otro manchurrón en el currículum. Ya solucionó por la vía de urgencia la crisis sanitaria, que le costó masivas manifestaciones ciudadanas en la calle, y también ha taponado, aunque no en su totalidad, la educativa con un compromiso de hacer el menor daño posible en la renovación de los acuerdos con los colegios concertados, desactivando las protestas. Ahora hace algo similar con el Impuesto de Sucesiones: balón fuera y a esperar la respuesta del Gobierno central.
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