La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha confirmado hoy que la Junta de Andalucía convocará este año unas 8.000 plazas de empleo publico en sanidad, educación y en la administración general, y ha asegurado que los informes jurídicos avalan esta decisión.
Así se lo trasladó en una reunión el pasado lunes a responsables del Ministerio de Hacienda y le expresó su desacuerdo con el criterio del Gobierno de que la tasa de reposición por jubilaciones es cero si no se aprueban los Presupuestos del Estado para 2017, ha informado en declaraciones a los periodistas antes de presidir el acto de Día de Andalucía en Sevilla.
La Junta ha autorizado una tasa de reposición de empleo del cien por cien en sanidad y en educación y del cincuenta por ciento en la administración general, ya que entiende que es la prórroga de la tasa establecida en 2016.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que no se puede prorrogar dicha tasa al no haber presupuestos ni tampoco prórroga de los mismos y, por tanto, la tasa debe ser cero.
En ese caso la Junta entiende, según Montero, que al no hacer el Gobierno uso de su competencia para establecer límites a la tasa de reposición, cada comunidad es libre para fijarla en función de sus necesidades.
Según la consejera, el Ejecutivo del PP está haciendo "chantaje" a las comunidades autónomas para que presionen a los grupos políticos en el Congreso con el fin de que apoyen el presupuesto del Estado para 2017.
María Jesús Montero ha defendido la convocatoria de una oferta pública de 100.000 plazas en toda España en sanidad y educación para resolver la interinidad y la temporalidad en los puestos de trabajo en estos servicios públicos generada por la crisis económica.
Ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los opositores al garantizar que la Junta convocará este año 2.468 plazas para docentes y hasta 8.000, incluidas las de sanidad y administración general.
En la reunión del pasado lunes, que calificó de cordial, no se trataba de llegar a un acuerdo sino exponer las posiciones sobre la oferta pública de empleo y no se abordó la aplicación de las 35 horas semanales en la administración andaluza porque ese asunto compete a la vicepresidencia del Gobierno.
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