La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha explicado que seguirá insistiendo al Ministerio del Interior sobre la urgencia de mejorar la situación de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y de incorporar en las comisarías y calabozos sistemas de vigilancia, entre otras sugerencias.
Becerril ha comparecido en el Parlamento ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para explicar el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo de 2015, registrado el pasado mes de julio, y para evaluar las recomendaciones y sugerencias que se han aceptado.
En concreto, la defensora ha recordado que la institución realizó ese año 62 visitas a lugares de privación de libertad como comisarías, calabozos de edificios judiciales, centros penitenciarios o centros de internamiento de extranjeros (CIE) y tras ellas, realizó 58 recomendaciones -de las que han sido aceptadas 42- y 224 sugerencias -de las que 196 han sido aplicadas-.
Becerril ha asegurado que está esperando a que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, le concrete las modificaciones y mejoras en los centros de extranjeros y ha insistido en que ni el CIE de Algeciras, ni el de Tarifa "reúnen ni una sola de las condiciones".
También cree necesario mejorar en los CIE las traducciones y ampliar los servicios médicos durante los fines de semana, así como la asistencia urgente e inmediata a las personas que llegan en patera y que sufren graves lesiones, como quemaduras por combustible.
Durante su intervención, la defensora ha dicho no comprender por qué Interior no realiza las reparaciones y mejoras sugeridas respecto a centros penitenciarios, comisarias y calabozos, como la instalación de sistemas de videovigilancia, libros de registros o apertura automática de puertas.
"Seguiremos insistiendo, porque no son cuestiones difíciles, ni costosas", ha dicho la defensora, quien ha opinado que no es una "negación de lo que dice el defensor", sino que en muchas ocasiones no se hacen por falta de dotación económica y personal, tal y como le han comentado algunos funcionarios.
Respecto a la sugerencia del senador del Grupo Mixto, Jon Iñarritu, de ampliar el número de vistas a esas instalaciones, Becerril ha explicado que en 2016 se han superado el centenar, tal y como consta en el informe que ha dicho está casi concluido.
El parlamentario socialista César Luena también ha reclamado mayor supervisión directa y un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones.
El informe detalla que España expulsó a 10.594 ciudadanos extranjeros en 2015, de ellas 6.869 personas fueron expulsadas, mientras que 3.725 devueltas, es decir, fueron interceptadas tratando de entrar de forma irregular al país.
De estas expulsiones y devoluciones, 3.133 fueron organizados por la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) de la UE y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Sobre el número de ciudadanos extranjeros internos en CIE, en 2015 ascendía a 6.930, de los que fueron expulsados 2.871, lo que significa que un 41,43 % permaneció en España, una cifra inferior a la del año anterior que fue de 47,45 %.
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