Desde que estalló la crisis allá por el lejano 2008 enfrentarse a unas oposiciones en Andalucía no implica batallar sólo con los temarios ni con la dura competencia del resto de aspirantes, sino también contra los daños colaterales de las eternas refriegas políticas. Lo saben como nadie los más de 30.000 candidatos a hacerse con una plaza de profesor de Secundaria que en 2012 asistieron atónitos a la impugnación que el Gobierno central hizo en el último suspiro de la oferta de empleo público (OEP) docente del entonces Ejecutivo de José Antonio Griñán. Moncloa alegó que la Junta superaba de forma interesada el techo de plazas que se le permitía convocar y dejó en suspenso las pruebas. Los opositores habían pagado incluso las tasas pero no pudieron examinarse jamás en aquella convocatoria, relegada al limbo como las horas de estudio y el dinero desembolsado en academias y apuntes.
Con la recesión pasto ya del olvido todo parece encaminado a que la Consejería de Educación abra el grifo de las jugosas ofertas de plazas. No existe ya, en teoría, siquiera el fatal condicionante de la tasa de reposición, el enemigo máximo durante una eterna década del opositor porque en el tramo de la crisis sólo se permitía convocar una plaza de cada diez jubilaciones, y limitado a sectores básicos como educación o sanidad. En el resto estuvo vetado. Luego se elevó hasta cinco de cada diez y hace meses se decretó su eliminación total porque se supone que la economía sopla ya a favor y se puede invertir en empleados públicos. Además hay que cubrir de forma urgente los puestos que se han perdido por el camino.
Todo iba bien encaminado pues hasta que en la senda de los opositores se ha cruzado de nuevo el fango de la política. El peligro que planea sobre sus cabezas ahora son los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio, pendientes de aprobar aún y que el PP sabe que tendrá que negociar a tumba abierta porque su debilidad parlamentaria en el Congreso le obliga a pactar. En un toque de atención nada inocente, el Gobierno central ha deslizado en las últimas semanas que si esas cuentas no ven la luz quizás las comunidades no puedan convocar todas las plazas que están anunciando. Es más, incluso se habla de que está en duda el techo de la tasa de reposición que se suponía desterrada y cuyo desmantelamiento había certificado el mismísimo Mariano Rajoy a los líderes autonómicos en la Conferencia de Presidentes de enero como gesto de buena voluntad. Todo, pues, se enreda para quienes sólo aspiran a examinarse.
Expectación máxima
Si estallase, el conflicto afectaría de pleno a Andalucía, la comunidad autónoma que por su tamaño y la dimensión de sus sector público es, con diferencia, la que más plazas convoca cada año. Hay miles de potenciales opositores esperando los procesos selectivos de la Administración General de la Junta o del SAS, pero por el volumen de la oferta el caso retumba con más fuerza siempre en el sector educativo. De hecho están ya en la cuenta atrás para examinarse los aspirantes a agarrar alguna de las 2.300 plazas de maestros. Salvo sorpresa deben hacerlo a partir de junio.
La Junta intuye que lo que hace el PP es lanzar un órdago para forzar al PSOE a no bloquear los Presupuestos. Si lo hiciera y no hubiera oposiciones se le echarían encima miles de aspirantes, y Montoro juega esa carta con destreza. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, exigió este lunes que no se lancen amenazas veladas y advirtió de que “la hoja de ruta” está marcada y habrá exámenes. En eso confían miles de andaluces.
Sin "chantajes"
El PSOE-A alertó ayer de que no acepta “las falsedades ni ningún chantaje” del Gobierno central y dio por hecho que en Andalucía este año habrá oposiciones en el sector educativo “sí o sí”. El secretario de Organización, Juan Cornejo, recordó que aun en el caso de que fuera necesario prorrogar los Presupuestos, como en la práctica están, eso implicaría poder aplicar la tasa de reposición cero de 2016.
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