Susana Díaz anunció a bombo y platillo a mediados del pasado diciembre un plan para transformar en interinos a más de 15.000 eventuales del Servicio Andaluz de Salud, profesionales de todo tipo (desde telefonistas y celadores hasta enfermeras y médicos) que engarzan contratos a veces de horas o días y que sufrieron en los peores años de la crisis reducciones de jornada y sueldo ya restituidas. Fue un guiño a un sector, el sanitario, agitado entonces por las movilizaciones ciudadanas y las denuncias de recortes. El acuerdo lo rubricaron los principales sindicatos apenas tres días antes de acabar 2016, pero lo que se suponía motivo de celebración por el avance en la estabilidad laboral ha acabado sublevando a buena parte del colectivo, que se ha agrupado y amenaza con llevar a la Consejería ante los tribunales.
El foco del conflicto no es el plan en sí, que eleva un escalón las condiciones del personal sin plaza fija, sino cómo lo está ejecutando la Junta. El nuevo sistema de asignación de interinidades obliga, a grandes rasgos, a que el eventual que quiera optar a una de esas 15.000 plazas acumule doce meses de trabajo continuo en una unidad de gasto, el nombre técnico de hospitales o centros de salud. Cumpliendo ese requisito se puede dar el salto a la interinidad, pero quienes diseñaron ese mecanismo olvidaron un pequeño gran detalle: qué ocurre ahora con los más de 37.000 inscritos desde hace años en la bolsa única del SAS, el sistema que históricamente ha ordenado a los aspirantes en función de un escrupuloso baremo que tiene en cuenta aspectos como el tiempo de trabajo acumulado en la sanidad pública, cursos de especialización o una ponencia.
El conflicto está servido porque se da la paradoja de que ahora un eventual que acumule apenas 30 ó 40 puntos en ese baremo pero acredite un año de trabajo continuo en un mismo centro tiene preferencia sobre quien justifique el doble de méritos pero no haya tenido la suerte de ocupar el mismo puesto en el SAS durante 12 meses. “Es una injusticia. Lo que exigimos es que se vuelva al sistema de bolsa única, que es el que se ha utilizado siempre. ¿De qué sirven entonces todos los méritos que hemos acumulado durante años si ahora pasan por delante nuestra?”, expone a este medio María Jesús, una de los cientos de profesionales reunidos en torno a la Plataforma de Afectados por las Interinidades del SAS. Contrataron un abogado, han presentado una demanda para forzar la impugnación del acuerdo del 28 de diciembre y no piensan ceder. Ya se han reunido con todos los partidos políticos y están pendientes de que les reciba la nueva viceconsejera de Salud.
Una historia tras cada caso
Todos los afectados confluyen en la denuncia de que el SAS no puede aplicar un sistema de estabilización que ignore el Pacto de Bolsa Única porque eso, además, vulneraría los principios de publicidad, mérito y capacidad que se presupone a toda oferta pública.
La denuncia administrativa tiene también su vertiente de frustración. Los eventuales que se ven perjudicados sacan a relucir décadas de sacrificios profesionales y personales, ahora despreciados. Es el caso de Carmen, matrona y desde hace tres años en Mallorca. Quiere regresar a Andalucía, pero su buena posición en la lista puede verse frustrada por no acumular los ya fatídicos 12 meses de antigüedad en el SAS. O Adela, doctora en el sector privado a la que se le cierra ahora el público. También Mercedes, enfermera con 11 años de experiencia en Castilla-La Mancha y méritos acumulados en la bolsa para volver a casa y que quizás no pueda ya hacerlo.
Díaz se aferra a la "excelencia"
La plataforma que aglutina a los afectados pudo exponer sus quejas a Susana Díaz hace días en los pasillos del Parlamento aprovechando el Pleno. Quienes tuvieron ocasión de dialogar con ella en un encuentro “informal” aseguran que defendió el nuevo sistema porque permite mantener en sus puestos a “médicos especialistas” y fomentar así la “excelencia” del sistema. El resto no sería “tan importante...”.
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