El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, advirtió el martes en Ondaluz TV a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que el retraso que acumula la creación de la Oficina contra el Fraude Fiscal agota la paciencia de su formación. Ese órgano de control, que el PSOE aceptó incluir en el acuerdo de investidura que le garantizó el Gobierno de la Junta, debería estar operativo en marzo o los socialistas tendrán problemas para seguir contando con el decisivo apoyo del partido de Albert Rivera. El asunto ha sido elevado a la categoría de prioritario coincidiendo con la publicación este lunes de la propuesta del dictamen de la comisión de los cursos de formación. “Queremos que contribuya a que no se repitan más casos de corrupción”, sentencia Marín.
Tal es así que su partido utilizará la interpelación a Susana Díaz en el próximo Pleno del Parlamento para exigirle que “de una vez por todas se tome en serio” el empujón definitivo a la Oficina Antifraude. Ya ha habido contactos con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, para que el decreto que debe definir su entrada en vigor vea por fin la luz.
Ciudadanos no sabe aún qué fecha pondrá la Junta para el pistoletazo de salida al proyecto, pero sí tiene claro cómo quiere que funcione. Se niega, por ejemplo, a que lo controlen “cargos políticos ni de libre designación”, potestad que reserva a los funcionarios, y debería en todo caso mantener una estrecha colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con los tribunales. La Oficina extendería su control, según C’s, no sólo a la supervisión de todos los concursos y adjudicaciones de la Administración General de la Junta sino también a los de su red de entes instrumentales, lo que se conoce popularmente como “la Administración paralela”.
El temor a ser “señalado”
Una de las novedades es que el grupo que capitanea Juan Marín reclamará que ese órgano acepte investigar denuncias anónimas que alerten sobre irregularidades siempre que se verifique un mínimo criterio de fundamento legal. Desbloquearía, por ejemplo, casos en los que hay evidencias de “asuntos turbios” en la gestión de la Junta pero nadie se atreve a pulsar el botón de alarma por temor a sentirse “señalado”.
Para que no quede en un mero brindis al sol, la Oficina Antifraude Fiscal deberá contar con todos los “medios técnicos y humanos necesarios” que garanticen su eficacia. C’s cree que su incorporación al organigrama de la Junta quizás contribuya a espantar nuevos fantasmas de gestión irregular. “Si llegamos a 2019 [el supuesto final de mandado del PSOE] sin más casos de corrupción en Andalucía la legislatura habrá merecido la pena”, apuesta Marín. Su partido no cree que Díaz “retrase” el proyecto, aunque la paradoja es que el PSOE ya apoyó en la Comunidad Valenciana lo que aquí congela.
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