Julio Díaz, el presidente de la comisión de investigación de los cursos de formación, presentó este lunes en el Parlamento andaluz la propuesta de dictamen final como un punto intermedio entre las conclusiones antagónicas aportadas en su día por los cinco grupos que se sientan en la Cámara. En la práctica el objetivo no se ha cumplido: por distintos motivos el documento de 137 folios se ha topado hoy con el rechazo total o parcial de Partido Popular, Podemos, IU e incluso del PSOE. El único partido que respalda las tesis planteadas por Díaz es Ciudadanos, la formación en la que milita. De los otro cuatro flancos le llueven críticas y eso se traduce en que el informe entra ahora en el juego de las enmiendas. Las cinco formaciones tienen hasta el 27 de febrero para presentar sus alegaciones e intentar pactar un documento de consenso que se debata en el Parlamento un mes después, a finales de marzo. Si las estrategias de unos y otros fracasan, el dictamen se encaminará hacia un fracaso idéntico al que frustró el de la comisión de investigación de los ERE.
En líneas generales, el dictamen carga las responsabilidades políticas de las supuestas irregularidades en la gestión de la formación para el empleo en el periodo 2002-2012 sobre los hombros de los dos últimos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se les señala por haber ocupado la cúspide de la Administración andaluza y, por tanto, haber nombrado y ejercido la "superior dirección" sobre los consejeros con competencia en materia de Empleo durante esa década. También se apunta al resto de altos cargos, desde directores provinciales y territoriales hasta la cúpula del Servicio Andaluz de Empleo. Eso sí, se deja fuera de toda responsabilidad a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que se evita verse salpicada porque triunfa la tesis de que cuando llegó al cargo los cursos estaban ya paralizados y ella sólo prolongó esa decisión. En las conclusiones se carga también contra la falta de "rigor y control" en la concesión y supervisión de las ayudas, en la escasez de personal y en los socavones de todo el procedimiento, aunque nunca se habla de menoscabo de fondos públicos y por tanto perjuicio para las arcas de la Junta.
Esa columna vertebral del dictamen tan sólo contenta a Ciudadanos, el partido en el que milita el presidente de la comisión y autor del documento, Julio Díaz. Su compañera de bancada, Marta Bosquet, se ha deshecho este martes en elogios hacia un trabajo que considera "serio, riguroso" e incluso fruto de la "precisión de un cirujano" que ha "intentado conjugar sensibilidades de los cinco grupos". Escuchadas las reacciones del resto de grupos, la teoría queda en suspenso. Tan optimista es Ciudadanos que augura que habrá "conclusiones" definitivas porque se dan por sentadas las bondades de un informe que, a día de hoy, sólo ellos comparten.
Alabado el dictamen por Ciudadanos, el resto de los grupos ha cargado contra él con argumentos dispares pero la coincidencia casi unánime de que parece un calco de la propuesta que elevó el partido de Juan Marín. A partir de ahí todo se presta al tacticismo político. El PP, por ejemplo, no acepta un documento que considera "pactado con el PSOE" al establecer un cordón sanitario en torno a Susana Díaz, a la que excluye de cualquier responsabilidad. La portavoz parlamentaria de los populares, Carmen Crespo, ha protestado y se ha preguntado "cómo se puede librar a la presidenta de la Junta cuando ha mantenido cinco años la suspensión de los cursos de formación". También le achaca "no haber buscado el origen del fraude, no facilitar la documentación a la oposición" e incluso "no facilitar la labor judicial, obstaculizando que se sepa la verdad". A juicio del PP el dictamen también se queda corto al pasar de puntillas sobre la conclusión de si hubo o no fraude. Lo hubo, mantiene Crespo, y lo demostrará el hecho de que "los cursos no sirvieron para combatir el paro" sino "para otras cosas". "Eso en mi tierra se llama fraude", insiste.
El PSOE ha respirado aliviado al no ver a Susana Díaz señalada, pero se opone también a dar su visto bueno a un documento en el que se eleva a máximos responsables de las supuestas irregularidades a dos de sus figuras históricas. Marisa Bustinduy y Rodrigo Sánchez Haro, diputados socialistas e integrantes de la comisión de investigación, se preguntan "cómo se hace responsables a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y al resto de altos cargos, cuando en el dictamen no hay nada concreto que se les achaque sino simplemente generalidades". Bustinduy considera incluso "fuera de toda lógica" la propuesta elevada por Díaz porque "nada de lo que concluye tiene que ver con la realidad". A su entender no ha existido ni trama para delinquir, ni órdenes para saltarse los procedimientos ni menoscabo de fondos públicos. "Si no ha habido corrupción debe aparecer en el documento", protesta el PSOE.
Los otros dos grupos en discordia, Podemos e IU, presentarán enmiendas por elevación para defender las conclusiones que ya aportaron a finales del pasado año. Elena Cortés (IU) no acepta que Susana Díaz quede al margen de las responsabilidades, como tampoco el actual consejero de Empleo, ante la "negligencia y pasividad" que creen demostrada en la gestión de los fondos. La coalición defenderá también en sus alegaciones que se investigue el "enriquecimiento" que habría beneficiado a los empresarios del sector de la formación y la "estafa de clase" provocada por la infrautilización de los fondos europeos que no sirvieron para combatir la lacra del desempleo en la comunidad. Juan Ignacio Moreno Yagüe, diputado de Podemos, comparte la tesis. Considera "decepcionantes" las líneas maestras del dictamen y denuncia que "la exoneración de responsabilidad de la presidenta no tiene sentido ninguno", más aún tras reconocer Susana Díaz en la comisión de investigación que "fue ella la que ordenó suspender los cursos de formación a la vista del follón mediático y judicial". Su grupo presentará por tanto también una enmienda casi a la totalidad del documento pese a estar satisfechos, como IU, de que se haya señalado a Chaves y Griñán.
El desacuerdo latente entre los grupos deja pues las conclusiones finales del dictamen pendientes de lo que unos y otros sean capaces de pactar. En teoría PSOE y Ciudadanos, sumando sus votos, pueden hacer triunfar el documento. Eso sí, a la vista de las quejas de los socialistas Julio Díaz, diputado de C's, tendría para ello que empezar a borrar buena parte de lo que ha incluido en esos 137 folios. De lo contrario el dictamen estará condenado al fracaso por el bloqueo de cuatro de los cinco grupos que se sientan en el Parlamento.
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