San Fernando

Proponen crear la Policía Verde contra los dueños incívicos de canes

A ello se añadiría "ejecutar el capítulo sancionador que esa ordenanza determine para quien se olvide de sus obligaciones para con la sociedad”.

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La Plataforma 3R ha invitado a la alcaldesa de San Fernando  a determinar el marco de convivencia entre el mundo canino y los ciudadanos, por lo que viene suponiendo para la ciudad la falta de regulación en este sentido. Una falta de regulación 3R entiende que sólo responde “a un equivocado cálculo de redito electoral de este equipo de gobierno”.

3R cree que es necesario un documento de consenso entre la sociedad civil y los responsables políticos en el deseado formato de una Ordenanza de Convivencia Ciudadana y  Urbanidad que la ciudad necesita y que “ya no es sostenible en el tiempo que nos hallemos asediados por micciones y defecaciones caninas y que en algunos puntos de la ciudad, ya está suponiendo poner en juego la salud pública de la ciudadanía”.

3R reconoce cuantos derechos asisten a los propietarios de mascotan, así como a los animales en su conjunto, pero igualmente y “en igualdad de proporciones, quiere ser exigente” con el paquete de deberes que tienen para con la sociedad quien hace uso de los espacios publicos, teniendo como resultado “los ejemplos que podemos ver esparcidas por toda la ciudad, ofreciendo una imagen desoladora para nuestra oferta turística, para nuestra imagen colectiva como ciudad y ni que decir tiene del día a día del isleño”.

Este partido entiende que se deben intensificar las campañas de concienciación del respeto de los espacios públicos y el uso compartido de los canes y las personas en condiciones de dignidad para ambos. “Pero esta formación política propone que si dejamos atrás la urbanidad y el civismo, la sociedad debe de responder, en aras de restablecer el orden perturbado, para ello, proponemos la creación de la Unidad de Policía Verde del Ayuntamiento de San Fernando, con objeto de armonizar los intereses de ambos, al igual que ejecutar el capítulo sancionador que esa ordenanza determine para quien se olvide de sus obligaciones para con la sociedad”.

3R dice que es una obligación de los servidores públicos amparar la salud pública de sus ciudadanos y anteponerla ante cualquier otra razón, “incluidas sus previsiones de futuro y sus réditos políticos. El bastón de mando de esta ciudad lleva inscrito un solo mandato, los intereses generales de los isleños, muy alejado de los interés partidistas y ni que decir de los personales”.

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