El conflicto sanitario se ha cobrado este martes sus dos primeras víctimas, y de altura. La oleada de protestas ciudadanas contra las controvertidas fusiones hospitalarias y a favor de una mejora en la prestación de servicios han acabado por precipitar la caída del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda. El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy las renuncias de ambos, atendidas tras ser presentadas "a petición propia", matiz que el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha enfatizado en varias ocasiones para intentar despejar la duda de si desde las altas instancias de la Junta se les había reclamado el gesto. El Ejecutivo les reconoce en su despedida el "gesto de humildad y genrosidad" y un "trabajo encomiable en beneficio de la sanidad pública".
La intención de dimitir de ambos se comunicó "hace tiempo", así que el Gobierno que preside Susana Díaz tenía ya preparados sus respectivos recambios: María Isabel Baena Parejo, hasta hoy directora general de Investigación y Gestión del Conocimiento, se convierte ahora en la segunda autoridad de la Consejería, mientras que Mariano Martín Patón, nombrado hace apenas un mes nuevo gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena, sube varios escalones de golpe y dirigirá el SAS. El Gobierno regional entiende que con esos nuevos rostros no debería haber ya obstáculos para que las plataformas y los sindictos retomen el diálogo.
No ha sido el único paso dado hoy por el Gobierno andaluz para intentar sofocar las llamas del incendio en la sanidad pública. El Consejo de Gobierno ha iniciado también el camino para desmantelar de forma definitiva las polémicas fusiones sanitarias. El proceso de reunificación de hospitales, germen de las primeras grandes manifestaciones en Granada y de las movilizaciones posteriores contra el deterioro del sistema público de salud, pasa de paralizado a fulminado. Hace meses se ordenó congelarlo y ahora se difuminará totalmente, como si no hubiese existido jamás. El Consejo de Gobierno ha puesto ya en marcha el trámite para la derogación de las órdenes que echaron a andar esos procesos, replicados con fuerza en la calle por usuarios y profesionales. El Ejecutivo ha alegado que lo hace "oyendo a los ciudadanos y a los agentes sociales", a los que se "escucha" porque se es "sensible".
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, se ha esforzado por aislar al consejero Alonso de la crisis desatada en su consejería. Ha asegurado que no tiene constancia de que haya presentado también su renuncia durante los últimos meses, ni que se le haya reclamado. En contra de ambas teorías, ha alabado su trabajo "imporante, estajanovista y comprometido" ante el que el Ejecutivo de Díaz sólo encuentra "palabras de agradecimiento". Ha descartado también que los movimientos sean fruto de las presiones de Ciudadanos, que ayer lunes advirtió de que si la crisis no se encauzaba reclamaría "dimisiones". Vázquez ha aprovechado también para cargar contra quienes sólo buscan "la privatización" del sistema público sanitario y un "interés electoral" con sus ataques, en referencia velada al Partido Popular.
Desandado definitivamente el camino de las fusiones hospitalarias y renovada la cúpula de la Consejería, la Junta confía en que se esfume el fantasma de las movilizaciones ciudadanas, el gran y repentino escollo con el que se ha topado Susana Díaz desde finales del pasado año. Las manifestaciones en las grandes capitales andaluzas, que la Junta no pudo contener ni siquiera paralizando sus erráticos proyectos de reorganización de servicios, han puesto en cuestión desde entonces el papel de gran gestora que era uno de sus grandes avales para metas más elevadas, entiéndase el salto a la Secretaría General del PSOE. También embarra la imagen de defensa a ultranza de los servicios públicos de calidad de la que ha presumido la Junta durante las últimas décadas frente a la acusación del afán privatizador que los socialistas han atribuido siempre al PP.
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