El PSOE-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que insta a la Junta a demandar al Gobierno central la derogación del real decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el que se establece el copago farmacéutico para pensionistas.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE-A defiende que se vuelva a instaurar un sistema sanitario público, universal, solidario y gratuito en el acceso.
También se pide a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que no desarrollar normas que incorporen cualquier tipo de copagos en las prestaciones sanitarias, incluidas las aportaciones por adquisición de medicamentos y productos sanitarios.
Al establecer el copago para medicamentos y productos sanitarios, según el grupo socialista, dicho decreto ha supuesto "el castigo a uno de los sectores sociales más necesitados, minando la solidaridad que es el valor básico del sistema nacional de salud".
Según señala, el copago introducido ha "gravado, por primera vez en la historia moderna de España, la prestación farmacéutica a los pensionistas, quienes tienen que pagar "un porcentaje de los medicamentos y productos sanitarios que se les prescriben o indican los profesionales del sistema nacional de salud".
También, según el PSOE-A, tienen que solicitar el reembolso, en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque no en Andalucía, del "sobrecoste del dinero que hayan pagado en las oficinas de farmacia tras superar el límite legal establecido en cada caso, atendiendo al nivel de renta".
Según los socialistas, pese a estos esfuerzos realizados por el Ejecutivo andaluz, los efectos de la medida "son de tal gravedad que sólo su derogación permitiría volver a contar con un sistema sanitario público, universal, solidario, gratuito en el acceso, justo e igualitario para todas las personas residentes en nuestro país".
En este sentido, aboga por recuperar en cuanto a la financiación pública el modelo que figuraba en el artículo 94 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios de 2006, en su redacción original.
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