La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales once años de inhabilitación para el ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo por un delito continuado de prevaricación por la supuesta contratación irregular de obras durante su etapa de concejal de Urbanismo de Ogíjares.
El Ministerio Público, que pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial, el órgano competente en este caso, reclama que Del Ojo sea condenado a inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según el escrito de acusación, que se hizo público ayer, el acusado, que ejerció de concejal de Urbanismo desde 2003 hasta el 16 de octubre de 2006 en la citada localidad granadina, cometió parte de los hechos cuando desempeñaba la condición de alcalde en funciones, en julio de 2005.
Así, durante el periodo de vacaciones del regidor electo, Del Ojo "encargó verbalmente" a la empresa constructora García Mejías la ejecución de obras en el Ayuntamiento, una plaza y varias calles del municipio, y a la empresa DH2G Reparación Estructurales S.L.U. los trabajos de reforma de otra vía de la ciudad, actuaciones que se llevaron a cabo entre el 8 de agosto el 19 de septiembre de 2005.
El fiscal detalla que dado que todos estos trabajos tenían la condición de "contratos menores" ya que su cuantía era inferior a los 30.020,61 euros, tal y como establece ley, su tramitación sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de las facturas y el presupuesto.
Sin embargo, Del Ojo, "a sabiendas de la necesidad de estos requisitos y con el fin de favorecer a las empresas mencionadas", adjudicó directamente las obras "sin el cumplimiento de los trámites necesarios y sin que se emitiera informe alguno por parte de la Secretaría, del Servicio de Contratación y de la Intervención".
Con esta actuación, el acusado "eludió" los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación que garantizan la objetividad de la administración en la contratación pública, según el fiscal.
Asimismo, "con el fin de que los contratos mencionados tuvieran cada uno esa cuantía inferior a 30.020,61 euros y obviar los trámites más estrictos de su contratación", Del Ojo hizo que técnicos municipales "emitieran los informes necesarios para avalar el fraccionamiento".
El Ministerio Público considera que este proceder del acusado fue un pretexto para eludir los trámites que impone la ley para la contratación de obras por un importe superior, ya que incluso dio instrucciones para que las obras de una de las calles, cuyo factura se excedía de la cuantía citada anteriormente, fuera modificada por otra inferior.
Al mismo tiempo, Del Ojo llegó a un "compromiso verbal" con la constructora UCOP S.A. para la ejecución de la Casa de la Cultura y, para evitar la presencia "de cualquier otra empresa en la contratación" y que le fuera adjudicada a ésta "a pesar de que se encontraba en peores condiciones", llevó a cabo un procedimiento "claramente arbitrario que conculcaba la libre concurrencia y transparencia de la contratación".
En este proceso, desarrollado entre el 27 de abril de 2005 y el 10 de febrero de 2006, consiguió que el pliego de cláusulas se publicara en el BOP sin indicar que existirían dos fases e hizo que la Junta de Gobierno aprobara la adjudicación por un cantidad que no era el coste real, ya que se cifró en 606.000 euros cuando la oferta presentada por la empresa fue de 4,1 millones de euros.
Finalmente, el Ayuntamiento aprobó el gasto total distinguiendo una primera fase, la adjudicada a UCOP, y otra segunda por 3,5 millones de euros, también adjudicada a UCOP, que es justo la diferencia entre la cuantía por la que salió a concurso y la primera oferta realizada por la empresa, con lo que Del Ojo logró que no se pudieran dar los trabajas a una entidad distinta.
El Ministerio Público, que pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial, el órgano competente en este caso, reclama que Del Ojo sea condenado a inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según el escrito de acusación, que se hizo público ayer, el acusado, que ejerció de concejal de Urbanismo desde 2003 hasta el 16 de octubre de 2006 en la citada localidad granadina, cometió parte de los hechos cuando desempeñaba la condición de alcalde en funciones, en julio de 2005.
Así, durante el periodo de vacaciones del regidor electo, Del Ojo "encargó verbalmente" a la empresa constructora García Mejías la ejecución de obras en el Ayuntamiento, una plaza y varias calles del municipio, y a la empresa DH2G Reparación Estructurales S.L.U. los trabajos de reforma de otra vía de la ciudad, actuaciones que se llevaron a cabo entre el 8 de agosto el 19 de septiembre de 2005.
El fiscal detalla que dado que todos estos trabajos tenían la condición de "contratos menores" ya que su cuantía era inferior a los 30.020,61 euros, tal y como establece ley, su tramitación sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de las facturas y el presupuesto.
Sin embargo, Del Ojo, "a sabiendas de la necesidad de estos requisitos y con el fin de favorecer a las empresas mencionadas", adjudicó directamente las obras "sin el cumplimiento de los trámites necesarios y sin que se emitiera informe alguno por parte de la Secretaría, del Servicio de Contratación y de la Intervención".
Con esta actuación, el acusado "eludió" los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación que garantizan la objetividad de la administración en la contratación pública, según el fiscal.
Asimismo, "con el fin de que los contratos mencionados tuvieran cada uno esa cuantía inferior a 30.020,61 euros y obviar los trámites más estrictos de su contratación", Del Ojo hizo que técnicos municipales "emitieran los informes necesarios para avalar el fraccionamiento".
El Ministerio Público considera que este proceder del acusado fue un pretexto para eludir los trámites que impone la ley para la contratación de obras por un importe superior, ya que incluso dio instrucciones para que las obras de una de las calles, cuyo factura se excedía de la cuantía citada anteriormente, fuera modificada por otra inferior.
Al mismo tiempo, Del Ojo llegó a un "compromiso verbal" con la constructora UCOP S.A. para la ejecución de la Casa de la Cultura y, para evitar la presencia "de cualquier otra empresa en la contratación" y que le fuera adjudicada a ésta "a pesar de que se encontraba en peores condiciones", llevó a cabo un procedimiento "claramente arbitrario que conculcaba la libre concurrencia y transparencia de la contratación".
En este proceso, desarrollado entre el 27 de abril de 2005 y el 10 de febrero de 2006, consiguió que el pliego de cláusulas se publicara en el BOP sin indicar que existirían dos fases e hizo que la Junta de Gobierno aprobara la adjudicación por un cantidad que no era el coste real, ya que se cifró en 606.000 euros cuando la oferta presentada por la empresa fue de 4,1 millones de euros.
Finalmente, el Ayuntamiento aprobó el gasto total distinguiendo una primera fase, la adjudicada a UCOP, y otra segunda por 3,5 millones de euros, también adjudicada a UCOP, que es justo la diferencia entre la cuantía por la que salió a concurso y la primera oferta realizada por la empresa, con lo que Del Ojo logró que no se pudieran dar los trabajas a una entidad distinta.
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