Los profesionales que conforman el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta en la provincia de Cádiz realizaron más de dos mil actuaciones de mediación a lo largo del pasado año 2016, sumando los asuntos llevados a órganos de medicación como el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) y el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), junto al resto de mediaciones en asuntos civiles.
El presidente de este colectivo, José Blas Fernández, con motivo de la celebración, ayer sábado, del Día Internacional de la Mediación, apostó por la normalización de la mediación extrajudicial.
Fernández aseguró que es necesario seguir desarrollando la Ley de Mediación: “Estamos convencidos de que ésta es una oportunidad para resolver conflictos y no sólo por la rapidez y la economía, sino también por la satisfacción que genera entre las partes, que no suele existir cuando se acude a un juzgado, generalmente con un gran retraso y coste económico”, indica el presidente del Colegio.
“Es importante que desde las instituciones se fomente más la mediación como herramienta de gran utilidad para la sociedad e incluso avanzar en reformas legales para que los jueces puedan derivar determinados asuntos a profesionales de la mediación”, apuntó el representante de los Graduados Sociales. Un ejemplo sería la reducción de costas si se opta por la mediación, o incluso incentivos fiscales, dijo.
Además, consideró que el desarrollo futuro de la mediación en España “debe servir para cambiar nuestra tendencia como sociedad a judicializar cualquier asunto”. “Hay que hacer una gran labor divulgativa para entender que mediar no es juzgar, es tratar de evitar que un juez, desde la posición de poder que le otorga la Constitución, resuelva una determinada situación de conflicto, pero que conlleva tiempo y costes económicos. El mediador desarrolla su actividad desde la confidencialidad y la disposición de las partes que van a hablar de su problema”, explicó.
“Precisamente, incentivar que los jueces tengan la posibilidad de no tener que juzgar asuntos que pueden resolverse antes de llegar a un juicio, redundaría en la mejora del sistema en lo relativo a sobrecargas de los juzgados”, argumentó.
“Ya tenemos una dilatada experiencia como mediadores laborales, por lo que con la adecuada formación, cualquier graduado social puede ejercer como mediador en ámbitos civiles y acceder a la inscripción en el Registro de Mediadores creado por el Ministerio de Justicia”, añadió José Blas Fernández.
Divorcios
Uno de los campos en los que se ha profundizado en la mediación es el de las relaciones de pareja, en el caso de los divorcios.
En este sentido ha influido la puesta en marcha en el 2015 de una ‘Ley de Jurisdicción Voluntaria’ que introdujo la posibilidad de formalizar el divorcio o separación de mutuo acuerdo ante notario.
Esta posibilidad de ahorrar en tiempo y dinero de trámites, juicios y abogados ha calado en la población de la provincia que se encuentra en esta situación. Incluso, se han “desbloqueado” situaciones de ruptura que, por la situación económica que arrastra la crisis, se demoraban en el tiempo en los últimos años y que ahora tienen salida gracias a esta legislación, según analiza para este diario Natalia Rojo, abogada de Asocoes 2015. Dicha asociación ha lanzado una campaña esta semana para asistir a los cónyuges que se hallan en la tesitura de acabar con una relación sellada ante los altares o el juzgado. Ya han recibido decenas de llamadas de personas que quieren acogerse a esta reciente normativa.
Los requisitos para optar por esta fórmula de la mediación ante notario son principalmente tres: que hayan transcurrido al menos tres meses desde el matrimonio, que sea un divorcio de mutuo acuerdo, y que no existan hijos menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente.
Ante el notario se debe presentar una escritura que debe contener, por una parte una declaración de voluntad de los dos esposos de que quieren divorciarse o separarse; y por otra parte, se debe unir a la escritura el Convenio Regulador que no es otra cosa que un documento en el que se deben reflejar los aspectos que van a regir el divorcio de una persona. Aquí entra el aspecto más complicado, según explica Rojo: el económico. La dificultad aquí es que se deben llegar a acuerdos equilibrados sobre la separación de bienes, hipotecas y otras deudas o capitales.
El notario puede negarse a firmar si considera que los acuerdos son gravemente perjudiciales para los cónyuges, o para hijos mayores o emancipados. Rojo explicó que el perfil más común de las llamadas recibidas es el de parejas jóvenes.
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