La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez, ha constituido este miércoles una Comisión con todas las Administraciones competentes, así como la empresa distribuidora, Endesa, y la plataforma de vecinos afectados para analizar la seguridad que presenta el cableado eléctrico sobre la barriada del Río San Pedro en Puerto Real (Cádiz). Dicha Mesa responde a una Proposición no de Ley, aprobada por el Parlamento andaluz a instancias del Grupo Socialista.
Cabe recordar que las competencias de la Delegación Territorial de Economía y Empleo se centran en garantizar la seguridad industrial derivada de esta línea de alta tensión, y no en su instalación. No obstante, la delegada de Empleo ha insistido en su intervención ante la composición de esta Mesa de seguimiento que, competencias al margen, considera que todas las partes con alguna relación con este cableado tienen la voluntad de atender a los vecinos de la barriada y tratar de buscar una solución a sus demandas.
A este respecto, Gema Pérez ha explicado como la Subdelegación del Gobierno Central en la provincia gaditana es la única Administración que ha declinado participar en esta Mesa de Seguimiento, a diferencia de entidades como el Ayuntamiento de Puerto Real, las Delegaciones Territoriales de Salud y Fomento de la Junta de Andalucía, Endesa o la plataforma de vecinos Río San Pedro. Con todo, la delegada ha subrayado que se invitará al Gobierno Central a que reconsidere su postura acerca de la Mesa constituida este miércoles. “Entendemos, desde la Consejería de Empleo, y así nos lo han trasladado todos los participantes en la Mesa, que el diálogo y las acciones consensuadas son el camino para solucionar la inquietud de la barriada con esta línea eléctrica”, resume Pérez.
Entre los acuerdos a los que se ha llegado en esta primera reunión, el departamento de Industria de la Delegación Territorial de Economía encargará una inspección para verificar las condiciones reglamentarias y de seguridad de las instalaciones eléctricas conforme a la normativa vigente.
Por su parte, Endesa se ha comprometido a realizar un estudio de control y medición de los campos electromagnéticos que puedan transferirse por las emisiones de las instalaciones eléctricas mencionadas, así como la previsión de cómo sería esta exposición en el caso de que los cables estuviesen soterrados, que era otro de los puntos recogidos por la Proposición no de Ley del Parlamento en la que se enmarca la citada Comisión -al igual que la inspección para verificar las condiciones-.
Asimismo, el Parlamento andaluz recoge la modificación del Real Decreto 1066/2001, estatal, regulador de la protección del domino público radioeléctrico, restricciones frente a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a estas emisiones, por considerar que dicha norma está obsoleta.
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