La Fiscalía ha pedido siete años y medio de prisión para un funcionario acusado de abusar de cinco internas de la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de distintas formas, como metiéndose en la ducha, tocándoles el culo, besarles o mostrarles vídeos eróticos de su móvil.
El acusado, L.F.A.G., empezó a trabajar en la cárcel de mujeres de Alcalá en octubre de 2012, cuando empezó a cometer los abusos, y en noviembre de 2014 fue suspendido de sus funciones, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe.
La Fiscalía recuerda que el expediente que concluyó en la suspensión de funciones se le abrió por su actuación con estas cinco presas y por otros comportamientos, como hacer regalos a las internas, cartearse con ellas, permitir ser masajeado y depilado y desobedecer las órdenes de la dirección.
El funcionario está acusado de cinco delitos contra la integridad moral, uno de actividades prohibidas a funcionarios y otro de abuso sexual.
A una de las presas le exhibió material pornográfico, y meses después se introdujo en dos ocasiones en las duchas mientras ella se aseaba, lo que también hizo con otras dos internas, a una de las cuales hizo comentarios despectivos sobre su aspecto físico.
El funcionario, entre enero y marzo de 2014 centró su atención en otra presa, a la que le dijo que estaba dispuesto a dejarse hacer una felación, le interceptó una carta personal con dibujos eróticos y salió corriendo hasta la capilla, hasta donde le siguió la interna, a la que cogió de la barbilla y besó.
A esta misma presa, el funcionario le tocó los glúteos en dos ocasiones y se metió dos veces en la ducha mientras ella estaba desnuda, señala la Fiscalía.
Durante las navidades de 2013, el acusado le introdujo a una presa las llaves de las celdas entre el pantalón y sus nalgas mientras estaba sentada, en otra ocasión se asió los genitales haciendo ademán de colocarlos en una mesa y también le insultó con expresiones como "tortillera, machorra y pinchito".
La Fiscalía, que solicita la apertura de juicio oral en la Audiencia de Sevilla, formula su escrito de acusación contra el funcionario y la dirección general de Instituciones Penitenciarias en su condición de responsable civil directo.
Como responsabilidad civil, la Fiscalía pide una indemnización de 6.500 euros: mil euros para cuatro presas y 2.500 para la quinta, dinero que debe pagar Instituciones Penitenciarias, según el escrito de acusación.
El funcionario acusado, que está de baja médica desde el 17 de julio de 2014, fue expedientado disciplinariamente y en noviembre de 2014 fue suspendido de forma provisional de sus funciones.
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