La Agencia Idea relajó tanto el control sobre las obligaciones que los ayuntamientos debían cumplir a cambio de las subvenciones recibidas para alimentar la red Guadalinfo que la Cámara de Cuentas le acaba de afear su “deficiente” e “inadecuada” política de supervisión en esa parcela. La institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas ha puesto la lupa sobre el programa que la Junta ideó en su día para potenciar el uso de internet y las nuevas tecnologías en todos los rincones de la comunidad, en especial en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y se ha topado con más irregularidades de las previstas. Las conclusiones las ha plasmado en el informe Análisis de la Red Pública de Acceso a Internet (RAPI), que somete a examen el periodo comprendido entre mayo de 2008 y junio de 2015.
De todas las actuaciones desarrolladas por la RAPI, la Cámara presta especial atención a los servicios de la red Guadalinfo en el arco temporal que abarca de enero de 2011 a diciembre de 2013. Es ahí cuando la Junta cambia el paso en el sistema de financiación y canaliza las ayudas de la entonces Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a través de la Agencia Idea mediante una encomienda de gestión y ésta, a su vez, las concede a través del Consorcio Fernando de los Ríos. En esa maraña burocrática que movilizó 36 millones se enreda la gestión censurada.
En la cadena de fallos la Cámara de Cuentas no encuentra, por ejemplo, justificación a la ejecución de las ayudas. En ese periodo 2011-2013 la Agencia asegura haber librado el 99,7% de los 24,3 millones que le correspondían (el resto hasta los 36 millones eran a cargo de fondos europeos). Sin embargo, la Dirección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información, responsable de las actuaciones, sólo logra justificar con certificados el uso del 72% de esa cantidad, por valor de 17,4 millones. Lo llamativo no es sólo el desfase porcentual, sino que como guinda la Cámara constata que en la fecha de ese balance oficial los beneficiarios de las subvenciones no habían presentado certificación alguna. Conclusión: la Consejería daba por bien empleadas cantidades millonarias que los ayuntamientos no habían justificado en ningún caso.
El informe es tajante: “Esta práctica de la Consejería de considerar justificada la aplicación a la finalidad de los fondos (...) sin tener en cuenta la aplicación de las subvenciones (...) se considera inadecuada, así como una deficiencia de control, al no reflejar la realidad”. Pero hay más.  Cuando los ayuntamientos remitieron la documentación al Consorcio Fernando de los Ríos sólo fueron capaces de justificar actuaciones del programa por valor de 15,3 millones, más de 2 millones por debajo de lo que llegó a acreditar la Consejería y 9 millones menos que el montante global, de ahí que se censure “la inadecuada práctica” de “anticipar la justificación respecto del momento e importe real”.
Fallos en cadena
De aquel periodo ni siquiera consta, según la Cámara de Cuentas, una liquidación final ni el obligatorio informe de actuaciones realizadas que justificarían las ayudas, documentos que debían haber sido presentados por la Agencia Idea antes del 1 de octubre de 2014. Tampoco consta que la Consejería los haya requerido dos años después. “Este hecho pone de manifiesto el deficiente seguimiento de las actuaciones de control de ejecución y justificación de las subvenciones de la Consejería respecto de la Agencia Idea, y de ésta respecto del Consorcio como entidad colaboradora, con incumplimiento de sus respectivas obligaciones”, sentencia la Cámara.
Sólo 33 de los 690 ayuntamientos cumplieron
Los ayuntamientos que se acogen a la red Guadalinfo están obligados, entre otros compromisos, a disponer de un local que acoja los equipos informáticos, a contratar dinamizadores o a cumplir objetivos de carácter técnico. En caso de no justificar esas actuaciones la Junta puede reducir subvenciones o incluso retirarlas. De 2011 a 2013 se sancionó total o parcialmente a la friolera de 657 de los 690 consistorios participantes.
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