La Junta de Andalucía anda necesitada de golpes de efecto para amortiguar el efecto erosionador en su propia imagen que están provocando las protestas contra las carencias de la sanidad pública. El daño acumulado en los últimos meses en la línea de flotación de los servicios públicos debilita las aspiraciones de Susana Díaz de convertirse en lideresa del PSOE y este mismo viernes puede volver a sufrirlo si la manifestación convocada en Jaén logra hacer el suficiente ruido como para enturbiar el gran acto con el que los socialistas andaluces pretenden volver a multiplicar sus posibilidades de éxito aprovechando la presencia estelar de José Luis Rodríguez Zapatero en la conmemoración del décimo aniversario de la Ley de Dependencia.
El contraataque llegó este jueves y por partida doble. La sesión de control en el Pleno del Parlamento andaluz auguraba un bombardeo a la presidenta por la bronca sanitaria y el asumido desastre de las fusiones hospitalarias. Díaz sacó el paraguas y capeó el temporal, pero ocultaba un as en la manga. Con la imagen de su joya de la corona debilitada y los profesionales sanitarios en pie de guerra exigiendo que se cuente con ellos en el diseño de cualquier programa que les afecte, la jefa del Ejecutivo andaluz anunció que ha dado orden de que se dé estabilidad a los más de 15.000 empleados eventuales que aglutina el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Ese personal no fijo fue uno de los más perjudicados por las medidas restrictivas aplicadas durante la crisis y que la Junta achacó siempre a los planes de ajuste del Gobierno central. Cuando Madrid ordenó apretarse el cinturón la Consejería tenía dos opciones: despedir eventuales o conservar las plantillas pero reduciéndoles horarios y por tanto salarios un 75%. Optó por lo segundo y el año pasado vendió como gran logro de gestión que éstos recuperasen ambas condiciones ya al 100% como los fijos. Como en política hay pocos guiños casuales, la oposición alertó ayer de que se congratula de que esa bolsa de trabajadores consolide derechos pero atacó a la presidenta de la Junta al interpretar que busca aliados en su particular guerra por pulir la imagen de la sanidad andaluza.
“Victoria” ante el TC
El segundo balón de oxígeno lo lució Díaz desde las redes sociales. No fue esta vez el Pleno del Parlamento sino su cuenta oficial en Twitter el canal que utilizó la presidenta para desvelar que el Tribunal Constitucional está a punto de dar la razón a la Junta en uno de sus más arraigados contenciosos con el Gobierno central: el de las subastas de fármacos. “Pierde el Gobierno del PP, ganan los ciudadanos y la sanidad pública”, proclamó Díaz desde internet.El rifirrafe legal se remonta a 2012, cuando el Ejecutivo de Rajoy recurrió el sistema por el que la Administración regional saca a licitación los grandes paquetes de medicamentos que luego se dispensan en los centros de salud. Esos genéricos, que huyen de las marcas comerciales y por tanto del sobrecoste, los defiende la Junta por el ahorro que suponen. El Ejecutivo de PP entiende sin embargo que vulnera sus competencias.
Salud defiende que desde 2012, tras una modificación de la Ley de Farmacia de 2007, Andalucía ha logrado ahorrar casi 415 millones de euros. Lo que no cita es que se ve obligada a licitar una y otra vez lotes de fármacos (algunos acumulan sin éxito hasta diez procesos de adjudicación) porque el precio de salida por el que deben competir los laboratorios es tan bajo que los procesos quedan desiertos. La Junta insiste y blindará el sistema en la Ley de Sostenibilidad que aprobará en 2017.
Un colegio sin papel higiénico...
La pregunta de Juanma Moreno a la presidenta en la sesión de control sacó a relucir las carencias del sistema educativo. El líder del PP-A leyó y mostró una carta del día 2 en la que la dirección del colegio ‘Pablo Ruiz Picasso’ de Sevilla pide a los padres que envíen al menos un rollo de papel higiénico y otro de cocina por alumno porque la Junta no ha transferido aún las partidas para comprarlos. La presidenta tachó la misiva de “papelito”.
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