El proyecto de Ciudad de la Justicia en Sevilla lleva más de diez año empantanado, tanto por falta de dinero como de consenso sobre el lugar más apropiado para su construcción. Se ha propuesto para albergarla suelos de la isla de la Cartuja, Hacienda del Buen Aire, el Puerto, el Prado de San Sebastián y Los Gordales, junto al campo de la Feria. Ahora puede tomar cuerpo una nueva alternativa: el campus de Palmas Altas, todavía sede de la multinacional Abengoa.
A la nueva dirección de la compañía se le ha quedado demasiado grande el campus de Palmas Altas tras la gravísima crisis que ha puesto al borde de la desaparición a la empresa fundada por la familia Benjumea y que ha provocado hasta la fecha el despido de unos 1.100 empleados de los 2.800 que según las estimaciones, dado el oscurantismo habitual de la firma, trabajaban en los edificios de carácter ecológico diseñados por el reputado arquitecto británico Richard Rogers.
El complejo, construido sobre una superficie superior a los 40.000 m2, consta de siete edificios de entre tres y cinco plantas que ocupan unos 47.000 m2. Dos, con unos 16.000 m2, están ocupados por la Universidad privada Loyola Andalucía, regida por los jesuitas, que abona el alquiler de esos edificios con parte de los 6 millones que anualmente dona la Fundación Focus a Loyola. Sin embargo, ni en 2015 ni en lo que va de 2016 ha habido aportación de fondos de Focus a Loyola, ya que la crisis de Abengoa ha impedido que la empresa dote a su vez de fondos a su fundación.
Abengoa ocupaba los cinco restantes, a los que había que sumar un área de servicios compartidos compuesta por comedores con capacidad para 700 personas simultáneamente, guardería, centro médico y otros. A ello hay que sumar 1.300 plazas de aparcamiento bajo rasante, sin contar las existentes al aire libre. La multinacional sevillana invirtió unos 132 millones de euros en su construcción.
Actualmente, Abengoa sólo ocupa dos edificios y parte de otro de sus cinco iniciales y si, como se teme, continúa la reducción de plantilla le sobraría todavía alguno o algunos más. La Universidad Loyola Andalucía, que tiene contrato de permanencia hasta el año 2019 en dos de los siete inmuebles, proyecta trasladar a partir de ese año sus instalaciones al término de Dos Hermanas.
Ante la perspectiva de que en un plazo máximo de tres años el campus se quede prácticamente vacío de no aparecer un comprador o inquilino de la envergadura que tenía la antigua Abengoa, algo muy improbable en el panorama económico de Sevilla, la nueva dirección de la compañía ha pensado en la Administración Pública y baraja como opción ofrecer el campus a la Junta de Andalucía para sede de la futura Ciudad de la Justicia.
YA ESTÁ CONSTRUIDO
Hace siete años, el Ayuntamiento reservó 39.000 m2 de suelo en Los Gordales para que la Junta iniciara la construcción de dos edificios de la futurible Ciudad de la Justicia y que deberían tener 86.188 m2, es decir casi el doble del actual campus de Palmas Altas. En una segunda fase debían construirse otros cuatro inmuebles, hasta completar un conjunto de 221.000 m2. Ha pasado todo este tiempo y allí no se ha puesto ni siquiera la primera piedra. Una edificabilidad similar es la que proyectó alcanzar Zoido en el Prado de San Sebastián recreciendo los edificios actuales de los juzgados e incorporándoles alguno vecino, incluida la construcción de un nuevo inmueble en el solar del antiguo Equipo Quirúrgico, hasta formar un conjunto de seis. La idea no pasó de dibujos sobre el papel.
En el campus de Palmas Altas ya hay erigidos sin necesidad de hacer un fortísimo desembolso inicial, y ésa es la gran ventaja, siete edificios independientes, por lo que están en línea con el número de inmuebles barajados en los proyectos anteriores para la Ciudad de la Justicia (seis), aunque su superficie construida, esos 47.000 m2, está muy lejos de la propugnada hasta la fecha. Ahora bien, tras la crisis económica es probable que se reevalúen las dimensiones de la futurible Ciudad de la Justicia. Asimismo, habría que analizar si el PGOU de Sevilla permite más edificabilidad de la aprovechada en Palmas Altas, donde aún quedaría libre algún gran solar para posibles nuevos edificios y que hasta ahora ha funcionado como gran aparcamiento al aire libre.
También caben opciones complementarias. A escasa distancia de Palmas Altas, en la avenida de Grecia del barrio de Los Bermejales, la Junta ya tiene un edificio administrativo de 50.817 m2 que de momento alberga varias delegaciones provinciales y la Agencia de Gestión Agraria. Este edificio podría servir de modelo económico para la futurible Ciudad de la Justicia en el campus de Palmas Altas, en el caso de que se entablara una negociación sobre la misma.
La Junta de Andalucía adjudicó en julio de 2010 la construcción del inmueble de Los Bermejales a una UTE formada por las empresas Obrascón Huarte, Laín e Ingeconser por 45 millones de euros, y se hará con la propiedad al cabo de 30 años tras el pago de un alquiler anual de 8,7 millones de euros, IVA e IPC aparte. De esta manera, el Gobierno andaluz, dadas sus dificultades de tesorería por la crisis económica, se libró de hacer un fuerte desembolso inicial en la construcción con sus propios recursos de la macrosede administrativa, pero sí podía asumir el pago en sus presupuestos anuales de un cantidad cinco veces inferior.
Asimismo, a medio camino entre Palmas Altas y la avenida de Grecia existe también un solar público vacío de 12.500 m2 de superficie.
UNA HIPOTECA DE 78 MILLONES DE EUROS
La banca sería la principal interesada en que se diera una salida satisfactoria al campus de Palmas Altas, en grave riesgo de quedarse vacío tras una inversión de 132 millones de euros. Las entidades acreedoras ya estuvieron a punto de quedarse con las llaves hace cinco meses, pero en el último minuto decidieron paralizar la ejecución hipotecaria que iba a iniciar un Juzgado Mercantil de Sevilla.
El complejo de siete edificios está aún gravado por una hipoteca de 78,6 millones de euros otorgada en su día por un “pool” bancario, a cuyo frente figuran La Caixa y el banco francés Natixis, que concedieron 15 millones de euros cada uno.
El banco portugués BPI, a la postre filial de Caixabank, otorgó un préstamo de 9,2 millones de euros, y el Banco Popular, otro de 2,9 millones.
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