El pasado lunes concluí esta columna semanal con estas dos frases: “De nada servirán las palabras de Villalobos. El PP andaluz no cambiará la estrategia”. No había que ser profético para anticipar este modus operandi si se analizaba una parte sustancial de la labor de oposición que han ejercido los populares andaluces en los últimos años. Ahora bien, les reconozco mi perplejidad porque las palabras de Celia Villalobos –alertando sobre el escarnio público que sufren muchos dirigentes políticos, como los ex presidentes Chaves y Griñan, a quienes definió como hombres honestos- hayan caído tan pronto en saco roto.
La evidencia está en el intento desesperado y hasta torpón del PP andaluz por estirar, a cualquier precio y sonrojo, la llamada pieza política de los cursos de formación. Ha solicitado la reapertura del caso aduciendo que la Guardia Civil mantiene precintados dos despachos en las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla que contienen una documentación “hasta ahora desconocida” y que “podría afectar a la causa”. Unos papeles que, según la Junta, han estado a disposición de la investigación en todo momento, que de hecho los habría usado y consultado, al igual que la Guardia Civil, por lo que sería falso que fuesen unos documentos desconocidos.
Si la jueza y la Benemérita confirman este extremo, el PP estará a punto de firmar no sólo un gran ridículo, sino que dejará de ser el partido que “siempre colabora con la justicia”, a diferencia del siempre impío PSOE que “torpedea sistemáticamente la labor de los jueces”, como repite machaconamente el argumentario de la formación conservadora.
El PP andaluz está en su derecho de recurrir cuantos procesos judiciales estime oportuno. Faltaría más. Ahora bien, también deberá enfrentarse a las lecturas políticas y los análisis periodísticos si persiste en sus intentos de judicializar la vida pública andaluza. Especialmente después de que la Fiscalía Anticorrupción, en un zurriagazo harto infrecuente, haya acusado al PP de “enmarañar” y actuar “de manera artera” en esta causa. Asimismo, el Ministerio Público considera “sorprendente” que el PP planteara a la juez María Núñez que debía abstenerse cuando no fue recusada ya que el Consejo General del Poder Judicial desestimó un “escrito confuso de recusación administrativa”.
Lo dicho, Moreno no sólo ha enterrado las palabras de Villalobos, sino que difícilmente podrá presumir en adelante de colaborar con la justicia. No porque se lo afee la Junta o el PSOE, sino porque se lo ha reprochado la nada sospechosa Fiscalía Anticorrupción.
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