El juez reconoce que la interceptación de comunicaciones afectó al derecho fundamental de los acusados y a la confidencialidad de sus contactos con sus letrados, pero añade que tomó la medida “ponderando los valores y derechos afectados”. Así, frente al derecho constitucional de los acusados, “está también el derecho de la víctima, y por trasposición de su familia, a que su cuerpo sea encontrado y pueda recibir sepultura”, dice el auto.
El juez razona que Miguel C. D, asesino confeso de Marta, “tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intencionalidad de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también lo estuvieron los restantes imputados que colaboraron con él para hacerlo desaparecer”.
Esta “falta de colaboración” hizo al juez autorizar el pasado 3 de marzo la interceptación de todas las conversaciones de los acusados en el locutorio de la cárcel, cuya nulidad han pedido los defensores por afectar a la confidencialidad de las relaciones profesionales del abogado.
El juez rechaza decretar tal nulidad y mantiene como válidas las conversaciones de los acusados por teléfono y en el locutorio con sus familiares, pero ordena la “destrucción física” de todos los soportes digitales o magnéticos, así como de las copias que pueda tener la Policía.
Dice el juez que el único objetivo de las escuchas era conocer “cualquier dato, revelación o desliz” que permitiera encontrar el cuerpo de Marta o al menos avanzar en las tareas de búsqueda.
Por otro lado, un grupo de 16 familiares de víctimas de delitos violentos, como el caso de Marta, acudieron ayer al Congreso para recabar apoyo de los grupos a sus demandas sobre el endurecimiento de las penas.
Tras reunirse con un equipo de diputados del grupo popular, saludaron al presidente de la Cámara, José Bono, con el cual conversaron brevemente sobre sus reivindicaciones y le pidieron ayuda para que intermedie en la convocatoria de una reunión conjunta con los portavoces de Justicia de todos los grupos.
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