El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha rechazado 14 recursos presentados contra los autos de procesamiento dictados por las ayudas sociolaborales a las empresas Acyco y Surcolor y ha avalado que tanto el ex consejero de Empleo Antonio Fernández como otros exaltos cargos investigados puedan ser enjuiciados en varias piezas de los ERE.
En dos autos fechados el 29 de noviembre, a los que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado confirma el procesamiento del exconsejero y otras 15 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta, por la ayuda de 2,3 millones de euros a Surcolor, así como el procesamiento de 12 personas, entre ellas el propio Antonio Fernández y otros cinco ex altos cargos autonómicos, por la ayuda de 3,2 millones a Acyco.
En el caso de la ayuda a Surcolor, el instructor rechaza los recursos presentados por nueve de los investigados, entre ellos Antonio Fernández, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
El ex consejero recurrió alegando que los hechos imputados en la pieza del procedimiento específico absorberían aquellos que se le atribuyen en la pieza de Surcolor, afectando al principio del 'non bis in idem', según el cual una persona no puede ser juzgada más de una vez por los mismos hechos.
A este respecto, el juez argumenta que a Fernández "se le ha mantenido como investigado-acusado en aquel procedimiento por su intervención en el funcionamiento del denominado procedimiento específico, el cual, como es obvio, guarda íntima relación con los hechos aquí investigados".
En este sentido, el instructor asevera que, sin embargo, "aquel procedimiento no desciende al estudio de la presencia de intrusos, ni al conocimiento concreto de la presencia de éstos en concretos expedientes de subvención, que es, precisamente, una de las cuestiones de las que trata esta causa", ya que al ex consejero "se le imputa que, sabiendo de la presencia de intrusos, autorizó, en su condición de viceconsejero de Empleo, la concesión de aquellas 'ayudas'".
"Estos hechos, así considerados, pese a su relación con el procedimiento específico, tienen su propia entidad y autonomía, de modo que, acreditándose ese conocimiento, permitirían el dictado de condena por hechos diferentes de aquéllos, lo cual nos lleva a entender que no existe la violación de derechos aducida", alega el juez, que rechaza por estos mismos motivos los recursos de Barberá y Daniel Alberto Rivera.
En el caso de Rivera, además, el magistrado señala que "tiene conocimiento del modo de proceder de sus antecesores, tanto en la ausencia de expedientes como en el modo irregular de concesión de ayudas", a lo que se suma que el expediente de Surcolor "resultó conflictivo, con peticiones de ampliación de ayuda por amenaza de impago y con constancia de las personas y trabajadores afectados".
RIVAS, "CONCUÑADO DE UNO DE LOS INTRUSOS" EN SURCOLOR
A su juicio, "en este contexto es razonable mantener, siquiera de modo indiciario, el conocimiento por parte del investigado de la presencia de intrusos y la ausencia de un proceso de concesión, sin perjuicio del resultado final de la prueba en fase de juicio oral", dice el juez, que rechaza igualmente el recurso interpuesto por Antonio Rivas.
En el caso del ex delegado de Empleo en Sevilla, el instructor resalta que "es familiar, concuñado, de uno de los intrusos, sabía de la existencia de la ayuda, de la ausencia de un ERE, de la existencia de un despido colectivo encubierto, de la asunción por la Consejería de obligaciones muy por encima de las procedentes y ello en beneficio de la empresa, que no de los trabajadores", lo que "constituye base suficiente para mantener el procedimiento" contra él.
En relación a Surcolor, el juez rechaza igualmente los recursos interpuestos por el representante sindical José Hurtado; el representante de Surcolor, Manuel Rafael Castilla Bustamante; los dos 'intrusos', como son José Antonio Márquez Sánchez --concuñado de Rivas-- y Juan Manuel López Espada; y del ex trabajador de Vitalia Jesús Bordallo.
En relación al recurso de José Antonio Márquez, el juez asevera que "su relación de parentesco" con Rivas y "su condición de beneficiado por una ayuda a una empresa de la que no era parte dejan pocas dudas sobre la oportunidad de mantener el procedimiento" contra él, mientras que en el caso de Juan Manuel López señala que "se impone la evidencia de que recibió una ayuda social en el ámbito de una empresa de la que no era trabajador y que ello se hizo en el marco de sus relaciones políticas".
EL CASO DE ACYCO
Asimismo, y en un segundo auto referente a Acyco, el magistrado rechaza cinco recursos presentados contra el auto de procedimiento abreviado y también la petición de nulidad del auto planteada por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por la presunta violación del derecho al juez natural.
Frente a ello, el instructor dice que la actuación del juez de apoyo lo es conforme al acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 13 de octubre de 2015, que señaló que quedaría "integrado plenamente" en el refuerzo para la tramitación de varias 'macrocausas'.
Así, argumenta que "no existía una jurisdicción exclusiva de la titular y el acuerdo de reparto de la misma con el juez de apoyo no es más que la concreción respecto de la generalidad de causas en las que ambos venían actuando", añadiendo, respecto al principio del 'non bis in idem' alegado, lo mismo que en los casos anteriores.
El juez rechaza igualmente los recursos presentados por el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el viceconsejero del ramo Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y los ex trabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo.
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