La concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, le ha exigido al presidente del Partido Popular de San Fernando, José Loaiza, que deje de hacer política utilizando a las personas con discapacidad o diversidad funcional.
Lorenzo ha calificado de “lamentable” la actitud del exalcalde de la ciudad “cuando el actual gobierno municipal está haciendo mucho más por estas personas gracias al proyecto de la Ciudad de la Inclusión, que en los cuatro años que gobernó y los cuatro anteriores estando su partido a cargo del área de Urbanismo”.
La concejala ha felicitado a la Concejalía de Infraestructuras porque en este último año se han adaptado y habilitados como nuevos más de cincuenta pasos de peatones, una veintena de rampas de accesibilidad en zonas como Cayetano Roldán, Cartógrafo Juan de la Cosa, Prolongación de Santa María, Glorieta, Avenida Al Ándalus, Paseo General Lobo, etc., y la adecuación de unos 7.000 metros cuadrados de acerado “lo que supone la mayoría de los 540.000 euros que ese área tiene destinados para vías y obras. A ello se unen 120.000 euros en los últimos doce meses a través de licitación externalizada de actuaciones que han comprendido la supresión de bordillos, pasos de cebra que no cumplían la normativa… Todo un compendio de intervenciones presupuestadas en más de 600.000 de euros, que es mucho más de lo que el gobierno del PP hizo en San Fernando en estos años”, dijo Ana Lorenzo, recordando que el proyecto estrella de Loaiza fue la Red de Itinerarios Accesibles “de la que sólo hizo una primera fase con 63 actuaciones y 85.400 euros de presupuesto en el año 2014”.
Ana Lorenzo ha manifestado la sorpresa del equipo de gobierno “porque Loaiza y el PP no sólo desconocen el funcionamiento de la democracia participativa reflejado en el proceso de los Presupuestos Participativos, sino que además la desprecian. No saben cómo funciona porque el proyecto que exigen que sea retirado lo que viene es a complementar las actuaciones que, cumpliendo con la ley, este Ayuntamiento viene ejecutando en materia de eliminación de barreras arquitectónicas”.
Recordó además que precisamente hace apenas 48 horas que las concejalías de Desarrollo Urbano e Infraestructuras anunciaron en prensa las actuaciones que se están llevando a cabo y que fueron previamente explicadas a las entidades y asociaciones relacionadas con la accesibilidad en una reciente reunión. Intervenciones que se están ejecutando o se han realizado ya como varias adaptaciones de edificios públicos -caso del Castillo de San Romualdo o las nuevas dependencias de atención a la ciudadanía con la nueva sede de Alcaldía, ambos pendientes de su inminente apertura- y próximamente la adaptación del Centro de Congresos y Exposiciones. “Si esto es 'lo que se ha hecho siempre' como afirma Loaiza, miente porque es obvio que él no fue capaz de hacerlo y hemos tenido que proyectarlo nosotros”, apostilla Lorenzo.
Para la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, “exigir que se retire lo que presenta un ciudadano a la consideración de todos y todas es despreciar su propuesta y pedir que se actúe sin tener en cuenta lo que nos proponen los isleños e isleñas en un proceso abierto y transparente. Es otro ejemplo de que el PP no cree en la participación ciudadana”.
Ana Lorenzo le recuerda a los populares que San Fernando “ha sido el primer Ayuntamiento de la provincia en adherirse al Pacto Andaluz por la Accesibilidad, tras aprobarse en el Pleno del pasado mes de mayo”, y le pidió que “se informe bien de lo que hace este gobierno. Todos los meses nos reunimos el último jueves con las asociaciones inclusivas relacionadas con la accesibilidad para realizar un seguimiento de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas, escuchar sus propuestas, incluirlas en los planes de actuación… Somos por lo tanto un gobierno comprometido con la accesibilidad”, algo que Lorenzo asegura no puede decir ningún representante popular.
“Ni Loaiza ni el PP tienen autoridad alguna para hablar de dependencia. Les recuerdo que el gobierno de Mariano Rajoy, durante los ultimos cuatro años, recortó brutalmente el presupuesto para actuar en este ámbito, dejando de pagar unos 3.000 millones de euros, como ha reflejado en su memoria el Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que también se denuncia el incumplimiento de la ley de dependencia, que establece una financiación compartida al 50% entre el Gobierno y las comunidades. En Andalucía -sentencia Lorenzo- la Junta aporta el 80% y el gobierno central el 20%, por lo que resulta escandaloso que encima hable públicamente de un tema en el que su partido no cree, como demuestra en San Fernando y en el sus políticas de recorte a nivel nacional”.
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