Granada (por tercera vez de forma multitudinaria en el plazo de unas pocas semanas), Málaga y Huelva fueron escenario el domingo, pese al mal tiempo, de manifestaciones en las que miles de personas pidieron una sanidad digna y rechazaron los recortes que, camuflados de fusiones hospitalarias y otras medidas, viene aplicando la Consejería de Salud y que, según el balance de CCOO, han supuesto desde el año 2010 una caída de 1.400 millones de euros en la inversión y la pérdida de 7.265 empleos en el sistema sanitario.
A pesar de que estas marchas han sido promovidas por médicos y/o ciudadanos al margen de cualquier partido político, la Junta no se entera o no quiere darse por enterada y ha tratado de politizarlas vinculándolas al PP y a Podemos -ya quisieran ambos partidos tener tal capacidad de movilización- y acusando a estos dos formaciones, e indirectamente a los manifestantes, de desprestigiar a la sanidad pública con el fin de favorecer el negocio de la sanidad privada.
Paradójicamente, lanza este mensaje un Gobierno socialista que se ha gastado en los últimos años nada menos que 385 millones de euros (64.000 millones de las antiguas pesetas) en conciertos con clínicas privadas para ahorrarse la prestación de servicios en los hospitales públicos o por incapacidad de prestarlos debido a los 7.265 profesionales que ha eliminado de sus plantillas. Si los manifestantes quisieran favorecer la sanidad privada habrían pedido más conciertos con clínicas, pero han hecho al revés: una defensa del sistema público, y dejado en evidencia que la Junta sigue sin dar una respuesta a sus demandas.
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