Ésta fue una de las advertencias lanzadas ayer por el portavoz del PSOE, Manuel Gracia, en la Junta de Portavoces Extraordinaria celebrada a petición del PP, que considera que se ha vulnerado el artículo 7 del Reglamento de la Cámara andaluza, que reconoce como derecho de los diputados la facultad de recabar de las administraciones públicas aquellos documentos que consideren oportunos en un plazo máximo de un mes.
La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, recordó que la primera vez que su partido solicitó el expediente completo del incentivo a Matsa, empresa en la que trabaja la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves, fue el 23 de enero.
Finalmente, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa registró una copia del soporte documental del expediente el pasado lunes, es decir, cinco meses después de la solicitud del PP.
Oña considera que el Gobierno andaluz se ha burlado del PP y de los andaluces, al tiempo que calificó de "calvario parlamentario" el procedimiento emprendido por su partido.
"Cinco meses no es normal. Se han vulnerado de forma reiterada los derechos del grupo popular", dijo la portavoz del PP, quien indicó que no entiende el temor que tiene el Gobierno para poner "luz y taquígrafo" en este asunto.
El portavoz socialista, especialmente molesto por las "insinuaciones" del PP, recordó que la administración andaluza puso a disposición del grupo parlamentario popular el expediente "en dos ocasiones," y que "ha sido consultada por sus diputados en la sede de la agencia IDEA -dependiente de la Consejería de Innovación- los días 12 de mayo y 15 de junio.
Según explicó, el Gobierno ha cumplido con el reglamento de la Cámara, que establece en su artículo 7.1 que si el volumen de la documentación dificulta la remisión de una copia, el órgano administrativo competente facilitará el acceso de los diputados a la documentación solicitada para que tome las notas que considere oportunas.
De este modo, el portavoz socialista aseveró que el Gobierno ha cumplido en todo momento con el reglamento, por lo que negó rotundamente la vulneración de derechos que denuncia el PP.
De hecho, los retó a solicitar el amparo del TC y les pidió que abandonen de una vez esta estrategia porque "sólo buscan el montaje mediático y calentar motores" para el debate que el pleno de la Cámara acogerá hoy sobre la petición del PP de crear una comisión de investigación.
Aunque reconoció que "se puede criticar el retraso", rechazó que los populares hablen de una vulneración de derechos porque, además de consultar el expediente hasta en dos ocasiones, una copia ya se encuentra en el Parlamento.
Sin embargo, el rifirrafe entre Gracia y Oña no acabó aquí, ya que la portavoz popular preguntó "qué expediente" les han dado porque, a pesar de que el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, dijo que la documentación constaba de 500 páginas, el letrado mayor apunta a 366, mientras que en el índice se dice que son 358.
Gracia le contestó que si el PP cree que el Gobierno regional ha actuado ilegalmente y ha "manipulado" el expediente debería acudir a la jurisdicción ordinaria porque se trataría de un delito, al tiempo que le advirtió de que, si no lo hace, "mucho me temo que los que podrán ser llevados a los tribunales son ustedes por quienes están veladamente siendo acusados de la comisión de un delito de forma injuriosa".
Por su parte, el líder andaluz de IU, Diego Valderas, opinó que "no se puede permitir" que se vulnere el reglamento de la Cámara y acusó al Gobierno de "entorpecer" la labor de control de la oposición.
Por su parte, la encargada de las relaciones institucionales entre el Gobierno y el Parlamento, Elia Maldonado, aseguró que la Junta ha cumplido "con creces" y calificó de "poco ético" las "insinuaciones" vertidas por el PP.
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