El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha reclamado al equipo de gobierno "que inicie los trámites" para cobrar el IBI a la Iglesia Católica por propiedades que le suponen un beneficio económico "como son los dos aparcamientos que tiene en la ciudad".
Según ha destacado en una nota, "estamos de acuerdo" con la exención fiscal que la Ley contempla para aquellos inmuebles en los que se desarrolla una actividad social, pero la explotación de dos aparcamientos "no se encuentra dentro de ese apartado" y, en cambio, el dinero recaudado, aproximadamente "unos 100.000 euros" podría ser destinado "a políticas sociales a través del Ayuntamiento".
Los aparcamientos a los que se ha referido Pérez Navas están situados en la calle Limonero, junto al Palacio de Justicia, de 97 plazas, y en la calle Santiago, próximo a la Bola Azul, de 324 plazas, y son explotados por dos empresas concesionarias "que obtienen un beneficio económico y que no desarrollan ninguna actividad con fines sociales".
En este sentido, ha manifestado que estas empresas "cobran IVA, no tributan al Ayuntamiento y, además, una de ellas -el aparcamiento de la calle Limoneros-, ejerce una competencia desleal al parking municipal de Padre Méndez, situado a pocos metros".
Los acuerdos de la Santa Sede con el Gobierno de España establecen la exención fiscal para los inmuebles propiedad de la Iglesia Católica, pero, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, en el caso de que tengan una explotación económica, debe aplicarse la Ley de Régimen Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, "que no permite este beneficio cuando se trata de una actividad lucrativa", ha recordado el edil.
Dicha norma establece la exención para aquellos inmuebles en los que se presten servicios de acción social comunitaria, protección a la infancia, asistencia a la tercera edad, a personas en riesgo de exclusión o víctimas de malos tratos, a personas con discapacidad, atención a minorías étnicas, a refugiados, inmigrantes, a personas con cargas familiares no compartidas, asistencia a exreclusos, reinserción social, asistencia a alcohólicos y toxicómanos y cooperación para el desarrollo.
Atendiendo a esta norma el Ayuntamiento de Almería no cobra el IBI correspondiente a las sedes de las ONG, los templos, los colegios, los edificios administrativos y aquellos inmuebles que tienen un fin social. "La explotación económica de dos aparcamientos no se encuentra dentro de ninguno de esos supuestos en los que la Ley autoriza la exención fiscal", y por eso "pedimos al alcalde de Almería que recaude ese dinero para destinarlo a las partidas municipales de apoyo a poblaciones necesitadas y de emergencia social", que contaba con 40.000 euros este año que "se agotaron hace tiempo", o familias con menores necesitadas socialmente "dotada con 250.000 euros, que también se agotaron".
Ayuntamientos como el de Valencia "ya han comenzado a hacerlo", ha señalado el portavoz socialista, al tiempo que ha apuntado que "la medida podría tener carácter retroactivo, lo que supondría recaudar para las arcas municipales una cantidad que superaría los 400.000 euros, a lo que se sumarían otros inmuebles que podrían estar en la misma situación, teniendo en cuenta que cada plaza supone el ingreso de entre 65 y 90 euros en concepto de IBI".
Esta iniciativa se orienta, según ha expresado, en la idea de "no recaudar más sino mejor, especialmente en un momento delicado, en el que no se pueden subir tasas ni impuestos porque cada vez es más alto el porcentaje de familias que no pueden pagar sus impuestos, fundamentalmente el IBI, que es el más caro".
Suprimir la exención del IBI a aquellos inmuebles de la Iglesia Católica que no tienen un fin social "sería una fórmula para obtener más recursos para la clase media y trabajadora, y para que ese dinero realmente se pueda destinar a políticas sociales".
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