Ocurrió un 24 de febrero, hace ahora casi nueve meses. El Parlamento andaluz estaba a punto de asestar un duro golpe al Gobierno de Susana Díaz gracias a la suma en bloque de toda la oposición para sacar adelante una proposición de ley que debía fijar, por fin, el marco normativo de la Atención Temprana. Pendientes de aquella votación estaban los padres de los más de 19.000 niños de hasta 6 años que sufren algún tipo de trastorno en su desarrollo en la comunidad. Iban a dotarles, tras años de lucha, de un esqueleto jurídico libre de vaivenes políticos, con asignación presupuestaria clara y con compromisos diáfanos sobre tratamientos, duración y número de sesiones y personal especializado.
La votación reservaba un amargo desenlace. Ciudadanos, cuyo voto es siempre vital en la Cámara, decidió por sorpresa y en el último instante cambiar de bando y secundar las tesis del PSOE para no sacar adelante la propuesta de Podemos. Alegó un compromiso “de mujer a mujer” en el Palacio de San Telmo entre la presidenta, Susana Díaz, y Marta Bosquet, diputada de C’s, para vetar esa ley y a cambio impulsar un decreto que recogería parte de las demandas del colectivo e incrementaría los recursos económicos. En la tribuna de invitados hubo lágrimas, indignación y abucheos.
“Me encantaría saber cuál fue el compromiso de Díaz con C’s, porque al final variaron su voto a cambio de nada”. Quien reconstruye con un lamento aquel sorprendente giro es Antonio Guerrero, presidente de la Plataforma de Atención Temprana. Representa al sector mayoritario del colectivo de afectados y en unos años se ha erigido en azote del Ejecutivo socialista. “Nos despreciaron. Pensaron que éramos cuatro abuelos aburridos, pero tenemos ahora detrás a 300.000 personas”, advierte enérgico. La lucha no cesa porque la Junta, una vez tumbado aquel proyecto de ley, aprobó un decreto sobre Atención Temprana que a juicio de Guerrero es “un parche”. Susana Díaz defendió que los compromisos que contempla serían palpables en septiembre, pero hay poco rastro de esas buenas intenciones. “Hoy el balance es cero”, denuncian. C’s se ha comprometido a meditar su posición si no hay avances cuando acabe diciembre.
En vigor desde abril, el decreto crea hasta once unidades de atención, reduce el tiempo de espera en los diagnósticos y prolonga de 45 a 60 minutos las sesiones que reciben los pequeños como parte de su tratamiento. También contempla un incremento presupuestario desde los 11 millones de este año hasta los 33 en 2019. Nada de eso le cuadra a la Plataforma. Ni la dotación, en la que denuncian que aparecen partidas que se arrastran sin ejecutar desde 2015, ni el resto. Las plazas de especialistas en las unidades de atención están impugnadas y la misma suerte corre el acuerdo marco.
Las consecuencias
Con el decreto a paso de tortuga no han desaparecido los problemas que la ley frustrada iba a solucionar. Los niños (autistas o con síndromes de Down o Asperger, por ejemplo) reciben sólo 45 minutos de tratamiento en cada sesión, “cuando deberían ser 60”, y además el número de éstas es “insuficiente” porque la Junta tiene externalizado el servicio y paga “poco y tarde” a las empresas que atienden los centros especializados (CAIT). Cobran 18 euros por hora de tratamiento que la Plataforma reclama elevar a 23. De lo contrario, “se ven obligadas a recortar sesiones”. La Plataforma exige también personal especializado y que los niños, como cualquier otro paciente, queden bajo el paraguas del SAS.
"Cuando yo falte..."
Antonio Guerrero recita de memoria cientos de casos que ha ido construyendo con testimonios en primera persona. Tras la mayoría, advierte, hay un padre o una madre que se pregunta en voz alta “¿qué va a ocurrir con mi hijo cuando yo falte?”. Los hay que soportan de su bolsillo los 300 euros mensuales que cuestan de media los tratamientos que los niños necesitan y que el sistema, de momento, no les ofrece o al menos no con la periodicidad que debería. En los casos más extremos esa cantidad escala hasta 800 euros. “No hay bolsillo que soporte eso, así que recurren a familiares, vecinos, incluso a préstamos”, lamenta el presidente de la asociación. “Aquí el tiempo perdido es un drama, porque un niño con problemas de desarrollo no puede esperar”, añade.
La proposición de ley tumbada en febrero acababa con esa incertidumbre porque fijaba la Atención Temprana como un derecho universal, gratuito y de obligada prestación por parte de la Junta. El servicio está ahora en manos de empresas privadas con las que la Administración firma acuerdos. No hay, cree Guerrero, intención ninguna de que los niños estén integrados en el Servicio Andaluz de Salud como cualquier paciente. “Estos niños dependen de Salud Sociosanitaria, que entre otras cosas se dedica a medir la calidad del aire. Ya me dirán qué relación hay”, protesta. Además la Junta se dedica, según la asociación, a “asustar a los CAIT” diciendo que si los niños entran en el SAS se quedarán sin negocio...
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