Varios políticos conservadores instaron a la primera ministra británica, Theresa May, a retirar el recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo judicial que estipula que el "brexit" debe someterse a aprobación parlamentaria.
Esos políticos conservadores son Oliver Letwin, que estuvo encargado por el Gobierno de los preparativos para el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el exprocurador general Dominic Grieve y el exabogado general Edward Garnier.
Todos ellos han pedido a la jefa del Ejecutivo que abandone la apelación del Gobierno ante el Supremo -la máxima autoridad judicial en este país- acerca de un fallo emitido por el Tribunal Superior, que determinó que May debe consultar al parlamento, mediante votación, la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso formal negociador para abandonar la UE.
El citado grupo, que respaldó la campaña a favor de la permanencia en la UE previa al referendo del pasado 23 de junio, se mostró hoy contrario a recurrir ese dictamen del Tribunal Superior y, en lugar de ello, aboga ahora por comenzar el procedimiento de salida lo antes posible mediante un proyecto de ley en el parlamento.
A esos tories se les unió a última hora el también conservador Owen Paterson, que, al contrario que los anteriores, apoyó el "brexit" durante la campaña.
En declaraciones hoy a la emisora británica BBC Radio 4, Garnier opinó que, si el Gobierno retira el recurso, "se evita una disputa legal innecesaria, se evita un enorme gasto innecesario y también se evita dar la oportunidad a personas malintencionadas de atacar al poder judicial, y malinterpretar los motivos de ambas partes ante la ley".
Por su parte, Grieve opinó que las posibilidades del Gobierno de tener éxito con su apelación ante el Supremo son "bajas".
El pasado 3 de noviembre, tres magistrados del Tribunal Superior dictaminaron que May debe obtener la aprobación parlamentaria antes de activar el Artículo 50, tras lo que el Gobierno anunció su intención de recurrir al Supremo.
La posición de los citados políticos se conoce un día después de que los Gobiernos de Escocia y Gales recibieran autorización del Tribunal Supremo para hacer alegatos durante la vista del recurso del Gobierno central contra el citado dictamen judicial que le obliga a consultar con el Parlamento antes de ejecutar el "brexit".
El Supremo aprobó la solicitud de ambos Ejecutivos autonómicos, mientras que Irlanda del Norte ya contaba con la venia.
En el caso de Escocia, el tribunal quiere escuchar los argumentos sobre el asunto desde la perspectiva de la legislación escocesa, que difiere en algunos aspectos de la que se aplica en el resto del territorio británico.
También ha sido autorizado a defender su posición el Sindicato Independiente de Trabajadores, que representa a personas en los empleos peor pagados.
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