La Junta se toma con calma su producción legislativa por mucho que suela alardear de que es la más prolija en décadas y que ha cumplido ya, en poco menos de año y medio de legislatura, buena parte de los compromisos que asumió Susana Díaz en su discurso de investidura. Las últimas leyes esbozadas avanzan con lentitud, se atascan en la tramitación y en la mayoría de los casos no cumplen siquiera los plazos fijados por la propia presidenta, Susana Díaz, en sus comparecencias públicas o incluso en sede parlamentaria.
De esos retrasos se ha quejado amargamente tras el verano Juan Marín, el líder de Ciudadanos con cuyos votos se garantiza la supervivencia del Ejecutivo del PSOE en los momentos clave. Contra ese mismo obstáculo se han topado sectores como el audiovisual, que hace dos semanas levantó la voz ante la Junta en una sonora protesta que censuró la parálisis que atrofia desde el mes de enero a la Ley del Cine. El anteproyecto recibió las bendiciones del Consejo de Gobierno ese mes pero nunca más se supo de él.
Pero hay más. La próxima semana, por ejemplo, entrará en el Pleno del Parlamento el debate a la totalidad de la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad. La Cámara decidirá por tanto a mitad de noviembre, ampliando en casi un año el tope máximo que fijó Susana Díaz cuando se comprometió a que recibiera luz verde, como muy tarde, “antes de finales de 2015”. El proyecto inicial se remonta además a 2014.
Otro caso que ha llegado a soliviantar a la oposición y a las organizaciones de trabajadores de autónomos es el paso de tortuga al que avanza la mil veces anunciada Ley de Emprendedores. Ciudadanos volvió a interrogar a la presidenta la pasada semana y ésta confirmó que el texto se enviaría al Parlamento “en enero de 2017”. Pasará así sus últimos filtros, pero hay nueva mancha en el expediente: la Junta había anunciado con anterioridad que se encargaría de hacerlo “en el primer semestre de 2016”.
El final de año ha servido al Gobierno de San Telmo para pisar el acelerador y sacar del desván proyectos enquistados por uno u otro motivo. En el Consejo de Gobierno del pasado 2 de noviembre salió también adelante la Ley de Participación Ciudadana, retrasada una y otra vez con el argumento de que se le debía buscar encaje legal al texto para evitar que fuera recurrido como ya ocurrió con una iniciativa similar en Cataluña si el Tribunal Constitucional intuía que escondía intenciones de referéndum y podría por tanto invadir competencias estatales. El proyecto legislativo, mutilado respecto al que se pactó en su día con IU cuando la coalición compartía Gobierno con el PSOE, saltó un obstáculo más pero incumple de largo otro compromiso de la Junta: que estuviera listo en abril de este año. Es noviembre y tiene que volver de nuevo aún al Parlamento para su debate y aprobación definitiva.
Suma y sigue
Retrasos acumula también la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario, una iniciativa estrella del Ejecutivo andaluz con la que se pretende garantizar el blindaje de las prestaciones ante las tentaciones de recortes. Ese articulado, toda una declaración de intenciones implícita de oposición a las políticas del Gobierno central, era otra de las iniciativas que debía haber entrado en vigor antes de que venciese el mes de junio. El anteproyecto inicial se remonta al pasado 2015.
La oposición denuncia incluso un atasco mayor. Ciudadanos, que suele sacar a relucir su enfado cuando se aproxima la fecha de entregar al PSOE sus valiosos votos para sacar adelante los Presupuestos, se ha quejado en los últimos tiempos de otro carrusel de incumplimientos: la Ley de Formación Profesional, la de Subvenciones o la que garantizará la lucha contra el fraude. La maquinaria legislativa avanza, pero sin prisa.
La más importante, sin sobresaltos...
La Ley de Presupuestos, la más importantes de cuantas se cocinan cada año, ha sido tan placentera para el Gobierno de Susana Díaz que sus consejeros se encargan a diario, cuando tienen ocasión, de destacar las virtudes del texto para evitar que se diluya su trascendencia. No se cansan de repetir que garantiza la estabilidad de la que adolecen otras comunidades autónomas y el propio Gobierno central. El proyecto superó la pasada semana la fase de enmiendas a la totalidad y ahora debe someterse a las parciales. Estará aprobado en diciembre.
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