De “olvidados” a teléfonos que “echan humo”. Entre esos dos escenarios tan antagónicos se ha movido en apenas días el sector audiovisual andaluz después del sonoro puñetazo que Aepaa-Apria, la asociación que defiende sus intereses, dio hace poco más de una semana sobre la mesa de la Consejería de Cultura. El gremio de productores y el resto de eslabones de la cadena que alimenta la gran y la pequeña pantalla alzó la voz en una de las protestas más contundentes que se recuerdan en mucho tiempo en bloque contra las políticas de la Junta. Denunciaba un retraso injustificado en la tramitación final de la Ley del Cine, la parálisis en la concesión de ayudas y, en definitiva, el portazo de la Administración autonómica a una actividad que ésta considera “estratégica” por el empleo que genera y porque el carrusel de premios cosechado en los últimos años fomenta su imagen de comunidad en vanguardia cultural.
La Junta no tiene últimamente muchos gremios de su lado y no puede permitirse el lujo de perder a uno escorado tradicionalmente hacia la izquierda. Quizás por eso ha reaccionado con una inusitada velocidad. “No dejamos de hablar con Cultura desde que emitimos el comunicado y parece que están dispuestos a moverse”, reconoce a Viva Manuel Gómez Cardeña, presidente de Aepaa y a la cabeza de la productora Promico Imagen, uno de los pilares del sector andaluz. Eso se traduce en el reconocimiento de errores por parte de la Administración y el compromiso de fijar calendarios para pisar el acelerador en los próximos meses. “No hemos querido exhibir fuerza en un momento que entendemos complicado, pero sólo pedimos que lo acordado se cumpla”, matiza convencido Gómez.
Demandas atendidas
Lo pactado a lo que se refiere es, básicamente, la reactivación de ayudas al sector audiovisual, una de las fuentes de ingresos que garantizan su supervivencia, y sobre todo la aprobación definitiva de la futura Ley del Cine, el marco legal presentado a bombo y platillo en enero por la Junta de Andalucía tras pasar su anteproyecto por el Consejo de Gobierno pero del que no se ha vuelto a saber jamás. “Nos han explicado que está en la fase de alegaciones, que dura seis meses, y que los trámites son complicados. Lo asumimos, pero queremos contar con calendarios de plazos, saber qué se hace y cuándo estará lista”, añade el presidente de la asociación.
El otro capítulo de demandas, el de las subvenciones, es más complicado de solucionar. Aepaa denuncia, por ejemplo, que las que debían haberse canalizado hacia la producción de documentales “se han perdido este año” porque la convocatoria, de la que no se tiene noticia, arrastraría ya tal retraso que el montante sería imposible de ejecutar en 2016. La siguiente meta es que la Consejería movilice ahora hasta 1,5 millones para los largometrajes.
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