La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga continuará este lunes el juicio del denominado caso 'Arcos', sobre la presunta corrupción en el municipio malagueño de Alcaucín. En esta sesión está previsto que el fiscal y otras acusaciones contesten a las alegaciones planteadas por las defensas de los procesados, relativas, fundamentalmente, a prescripción de delito.
En la primera sesión del juicio, que comenzó con 48 acusados, entre ellos el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, ocho procesados mostraron su conformidad con los hechos por los que iban a ser juzgados. Entre ellos estaba el exsecretario municipal, acusado de falsedad, y las dos hijas del exalcalde, acusadas de blanqueo de capitales.
Además, las defensas han presentado sus cuestiones previas. Sólo el abogado del exalcalde alegó 54 prescripciones relativas a hechos "que si fueran constitutivos de delito, que tampoco es el caso, se han cometido hace suficiente tiempo". Además, expuso que su cliente ha recibido imputaciones por once delitos "de los que no tenía conocimiento, ni se le ha tomado declaración".
A la salida de la primera sesión, el exregidor, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 226 años de cárcel, aseguró que el fiscal piensa "que esto era otro Malaya y se ha equivocado" y señaló que es "un procedimiento de los muchos pueblos de la comarca, donde está todo sembrado de viviendas". Además, se mostró convencido de que será absuelto.
"Tengo la conciencia tranquila, el fiscal ha cogido el caso 'Arcos' como 'un Malaya' y esto no es comparable con nada", insistió el exregidor, quien lamentó la elevada acusación del fiscal; "me ha metido todo, ahí lo llevas y defiéndete como puedas", quejándose de un "trato desigual" en los delitos de falsedad, por los que le piden 210 años, "cuando yo nunca he hecho un informe".
Otro de los letrados, José Carlos Aguilera, defensa del que fuera jefe de Arquitectura de Diputación, José Mora, puso de manifiesto que en este caso ha habido una "investigación prospectiva" y pidió la nulidad de varias resoluciones y que se expulsen del proceso pruebas "manifiestamente ilícitas" obtenidas a raíz de dichos autos. También dijo que existen "miles" de folios de la causa sin escanear.
La vista oral tiene fijadas por el momento 64 sesiones que se prolongarán hasta septiembre de 2017. Se juzgan, entre otros, delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.
La mayoría de los procesados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística --en total 27 de los acusados--, aunque también están, además del exregidor, funcionarios municipales o de la Diputación; arquitectos; intermediarios y abogados o asesores urbanísticos.
A Martín Alba se le acusa inicialmente, según la calificación del fiscal a la que tuvo acceso Europa Press, de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística.
A pesar de los múltiples delitos por los que se acusa a varios procesados y la suma de los años, en la calificación consta que habrá que tener en cuenta el límite máximo de cumplimiento establecido en el Código Penal, que no podrá exceder de 20 años.
La primera fase de la operación policial se llevó a cabo en febrero de 2009 y se detuvo a Martín Alba y al exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, para el que piden más de 110 años de prisión y 144 de inhabilitación para empleo o cargo público, al acusarlo de delitos de falsedad, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsificación y actividades prohibidas a funcionarios.
LOS HECHOS
Según consta en las conclusiones iniciales del fiscal, Martín Alba, durante la segunda mitad de su mandato, que fue de 1991 a 2009, "coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban" en este y otros municipios, "aprovechó la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la norma urbanística cada vez que le convenía".
También operó, a través de otras personas, como intermediario o corredor de fincas, "obteniendo importantes ingresos económicos, siendo ese el origen de parte de los 240.000 euros de cuentas corrientes y productos financieros y de los 160.000 euros en billetes que escondía en su domicilio bajo un colchón", que fueron intervenidos en el registro de su domicilio.
La Fiscalía sostiene que se "multiplicaron" las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo "dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable", que no prosperaron por las nuevas normas supramunicipales con las que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.
Así, para el ministerio público, "proliferaron las construcciones clandestinas", por un lado a base de viviendas unifamiliares en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones "prohibidas" en la legislación; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que "sistemáticamente" se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con un resultado "caótico".
También se aprovecharon "fallos del sistema", destacando "tanto los numerosos informes técnicos sin ningún control de la Diputación para encubrir infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro, siempre gracias a la colaboración de funcionarios". En esta última modalidad, "se aprovechaban supuestas fisuras que permitían introducir en las bases edificaciones que no existían en la realidad".
Unas veces, apunta Anticorrupción, eran viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el Impuesto de Bienes Inmuebles; y otras con la "fraudulenta" inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, "que tampoco respondían a la realidad". En muchos casos el resultado fue "la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico".
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