La Consejería de Hacienda y Administración Pública necesita asesoramiento externo antes de tomar decisiones que afectan a su política en materia de endeudamiento. Eso es, al menos, lo que se desprende de la intención del departamento que dirige María Jesús Montero de hacerse con los servicios de una empresa privada que le suministre información periódica y le trace una estrategia financiera a cambio de un contrato de dos años de duración por valor de 77.000 euros. El plazo de recepción de ofertas vence el próximo 22 de noviembre.
Las bases de la convocatoria, autorizadas el pasado mes de julio, aparecen desde este martes en el portal de contratación de la Junta de Andalucía. La Administración autonómica que dirige Susana Díaz recela de la externalización de funciones para huir de la acusación de privatización de servicios, reproche que suele descargar sobre los territorios donde gobierna el Partido Popular, pero en este caso está empeñada en contar con una opinión de peso más allá de la que pueda aportarle el personal adscrito a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. La decisión final será pública pero la recomendación sobre cómo estructurar la deuda de la Junta, refinanciar la existente, por cuánto tiempo o en qué condiciones, será por contra privada.
El contrato obliga a cumplir tres objetivos que Hacienda identifica con distintos plazos temporales, importancia e incluso precio. La empresa que se haga con el contrato queda obligada a suministrar a la Consejería diariamente información sobre la situación del mercado monetario, la evolución de los tipos de interés y de los mercados de deuda pública, la fluctuación de las principales divisas, de los mercados financieros o de todo acontecimiento relevante con impacto en la gestión de riesgos de la Junta o de su endeudamiento. Esa información, al menos en apariencia, está a un solo click en cientos de páginas de internet. Los mismos datos deberán ser suministrados en su evolución semanal. Cada mes deberá completarse, además, una valoración de la cartera de derivados de la comunidad. Ese trabajo absorbe el 40% del presupuesto.
Incluso por teléfono
El siguiente bloque es el que, según las firmas especializadas en asesoramiento financiero consultadas por Viva, podría justificar la externalización del servicio por su mayor complejidad. La pregunta recurrente vuelve a ser por qué no cuenta la Consejería con personal cualificado para afrontarlo. El segundo apartado, que absorbe el 50% del contrato, compromete a la adjudicataria, por ejemplo, a valorar ofertas de financiación que la Junta reciba, a asesorarle en tiempo real (incluso por vía telefónica y en directo) sobre datos presupuestarios o financieros que afecten a Andalucía o apoyar a la Consejería en la interlocución con las entidades bancarias.
También se requiere asesoramiento en la aplicación de la normativa de prudencia financiera y, sobre todo, en las posibilidades de refinanciación de la deuda que acumula la Junta y en sus nuevas operaciones a largo o medio plazo. Otras de las funciones que se supone deberían recaer sobre los empleados públicos obliga a buscar inversiones idóneas donde colocar los posibles excedentes de tesorería de las cuentas públicas e incluso elaborar informes para presentarlos a inversores.
El último bloque quizás evidencie la carencia de la Consejería: el 10% del presupuesto se destinará a organizar cursos en materia financiera para el personal de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
4.162 millones de lastre durante 2017
La Junta deberá afrontar durante 2017 el pago de hasta 4.162 millones de euros para hacer frente a una pesada porción de su deuda acumulada. Es la cantidad consignada en los Presupuestos, un 38% más que este año. María Jesús Montero se aferra al corsé que asegura le impone el Gobierno central: la infrafinanciación autonómica y la devolución de los préstamos del FLA y el Plan de Pago a Proveedores.
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