El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado este jueves, durante la inauguración de las jornadas formativas para analizar la aplicación del Estatuto de la Víctima de Delito, la asistencia jurídica gratuita y los servicios de Asistencia a la Víctima de Andalucía (SAVA) como dos de las principales herramientas del Gobierno andaluz para atender a las personas que han sufrido algún acto constitutivo de delito.
De Llera ha subrayado que el departamento que dirige, mediante la justicia gratuita, "garantiza un derecho constitucional irrenunciable", resaltando que Andalucía "ha sido pionera" en la prestación del Turno de Oficio especializado en Violencia de Género, que permite a las víctimas disponer de un mismo abogado y procurador para todos los procedimientos que se abren cuando se presenta una denuncia y que además ofrece a las mujeres la libre elección de letrado.
De este modo, y según ha informado la Junta en un comunicado de prensa, el Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía (SAVA), que lleva 18 años en funcionamiento, es atendido por un equipo técnico profesional y altamente cualificado de carácter multidisciplinar formado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales con amplia experiencia y formación específica en victimología y criminología.
Se trata de un servicio público, universal y gratuito que ofrece una asistencia integral desde el ámbito jurídico, psicológico y social a toda persona víctima de un delito o falta que solicite ser atendida.
Además de los citados recursos, y para garantizar los derechos a las víctimas de delito, la Consejería de Justicia cuenta con las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), que hacen valoraciones periciales del daño causado tras una petición judicial; programa actividades formativas específicas en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), y cuenta con la Ley de medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que completa las actuaciones y las ayudas del Estado en determinados supuestos.
Como muestra del interés del Gobierno andaluz por las víctimas, De Llera ha apuntado que en 2017 se destinarán 2,2 millones de euros a las ayudas autonómicas previstas a víctimas del terrorismo, lo que significa 1,3 millones de euros más que lo que se consignó a este fin en 2016.
El Estatuto de la Víctima de Delito aglutina en un solo texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima, de un lado, contemplando las directivas de la Unión Europea en la materia y, de otro, recogiendo la particular demanda de la sociedad española.
"Con esta ley, la víctima y sus familiares tienen garantizada, como no puede ser de otra manera, su defensa jurídica, pero también una asistencia individualizada desde el ámbito social y psicológico", ha destacado el consejero, que ha indicado que todas estas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno andaluz pretenden amortiguar el "doloroso" proceso judicial por el que debe pasar una víctima de un delito.
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