El PP ha encontrado en la defensa de Francisco Vallejo un nuevo argumento para denunciar que el PSOE no juega limpio en la tramitación eterna del caso Invercaria. A simple vista parece que le asiste la razón porque se da la paradoja de que la Junta jugará ahora un extraño doble papel en la pieza de Ivercaria que afecta al caso Servitarion: de un lado es acusación a través de la Agencia Idea, al entender que las decisiones que tomó Vallejo en su día dañaron a la Administración y, al mismo tiempo, pondrá a su disposición a su equipo de juristas para que colaboren en hacerle salir lo mejor posible del laberinto judicial en el que está inmerso tras ser acusado de presunta prevaricación y malversación de fondos.
La queja la aireó desde Jaén la secretaria general del PP andaluz, Dolores López. Su versión apunta que su partido, también personado en la causa, recibió el 7 de octubre tralado de un escrito en el que la Junta solicita al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla autorización para sustituir a los abogados particulares que hasta ahora defendían a Vallejo. La número 2 del primer partido de la oposición tachó de “disparate jurídico” esa posibilidad y pidió por elevación a Susana Díaz que “dé marcha atrás”. La explicación, según López, es que han triunfado “las artimañas jurídicas para amparar a un amiguete” y un “privilegiado”, ya que el resto de los altos cargos señalados por la Justicia abonan los gastos de abogados de sus bolsillos.
Vallejo ya declaró el 30 de junio en los juzgados por el caso Servitarion. Está acusado de autorizar un préstamo de 1,18 millones de euros de fondos públicos con el visto bueno del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de Idea, y todo ello pese a que la empresa nunca presentó su plan de negocio, ni tampoco hubo jamás propuesta de inversión ni análisis por parte del personal técnico de Invercaria. La sociedad entraría más tarde en concurso de acreedores en 2012 y no se logró recuperar el préstamo. El PP cree que tras la operación se escondía “recolocar en esa empresa a trabajadores de otra” caída también antes en concurso de acreedores.
López ve tras la petición de los letrados de la Junta la misma estrategia acumulada durante años: “una ceremonia de la confusión” que camufle la presunta trama orquestada para desviar cantidades millonarias. Es lo que a su juicio ocurrió cuando ya se escuchó la famosa explicación de que el caso ERE no respondía a una estructura organizada sino a los quehaceres “de cuatro golfos” o cuando “se demoraba la entrega de documentación al juzgado”.
La Junta no ve caso
La Junta tiene una visión distinta y niega cualquier resquicio a la polémica. El vicepresidente y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, presidió el Consejo de Gobierno al encontrarse Susana Díaz de regreso de la feria de turismo de Londres, la WTM. Ante los medios se aferró al derecho de Francisco Vallejo a ser defendido por los letrados públicos porque interpreta que el caso Servivation es una pieza separada de la causa de Invercaria. Es más, reconoció que los servicios jurídicos han emitido un informe que avala la posición de la Junta. “Como no se encuentra concernido tiene derecho como todo cargo público a ser defendido en ese caso concreto, a diferencia de lo que ocurre en otras piezas separadas”, concluyó.
Frente a las acusaciones recibidas del PP, Jiménez Barrios abogó por dejar “que el Derecho se pronuncie” antes de llegar a conclusiones y, en un mensaje a la oposición, por no hacer “utilizaciones partidistas interesadas”.
Bajo el foco en una semana negra
Como otros excompañeros de Gobierno durante los mandatos de Chaves y Griñán, a Francisco Vallejo le queda aún un largo paseo por los juzgados. El pasado viernes fue uno de los 26 procesados por la pieza política de los ERE para los que el juez Álvaro Martín decretó la apertura de juicio oral. El exconsejero afronta sólo por ese primer caso una pena máxima de 8 años de prisión y una petición de fianza de 3,76 millones.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
