Los tres sindicatos representados en la prisión provincial de Jaén, Acaip, CSIF y UGT, rechazaron ayer, a través de un comunicado conjunto, que el exconcejal y sindicalista Andrés Bódalo esté siendo objeto de persecución dentro de la cárcel por parte de un funcionario, como ha denunciado el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenece Bódalo. “Es del todo falso que exista cualquier tipo de persecución, vejación o amenazas de parte de funcionarios que forman parte de la plantilla del Centro Penitenciario de Jaén sobre el interno Andrés Bódalo”, indicaron los sindicatos.
Según el comunicado emitido, Bódalo, que se encuentra en huelga de hambre, “ha demostrado su total inadaptación” al módulo de respeto en el que se encuentra “y que aunque solicitó el cambio de celda ya le informó el funcionario que era imposible por no existir celdas disponibles y por seguir incluido dentro del protocolo de prevención de suicidios”. Y añaden que la respuesta de Bódalo fue del todo desproporcionada “al verter toda suerte de amenazas y coacciones contra el funcionario”.
A juicio de los tres sindicatos de la prisión, durante los siete meses que Bódalo lleva de internamiento “ha mostrado un total rechazo” a las normas de convivencia del módulo de respeto y ha mostrado “un total rechazo mostrando una actitud antisistema ante el resto de internos” por lo que “prácticamente ningún interno desea compartir celda con él”. Aunque confirman que a Bódalo se le incoa un expediente disciplinario al haberse enfrentado al funcionario por el cambio de celda y que terminó con 15 días de privación de paseos, aseguran que eso “nada tiene que ver con la sanción de aislamiento denunciada por el SAT”.
Exponen, finalmente, que no van a consentir “ningún tipo de coacción o amenaza que busque quebrantar la reglamentación penitenciaria y constitucional” y que “ni el SAT ni nadie nos alejará de la reeducación y reinserción de los internos, que por ley, nos esta encomendada”. No descartan emprender acciones legales y piden a la dirección del centro se tramite la pertinente denuncia a la Fiscalía, por si las declaraciones del SAT fuesen constitutivas de delito, falta o infracción.
Por su parte, la secretaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, dijo ayer en Jaén que el caso de Bódalo es el “colmo” en el “proceso de enjuiciamiento y de cierta persecución de los activistas sociales y sindicales” que salieron a las calles entre 2010 y 2012.
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