El juez de instrucción Álvaro Martín ha dictado un auto por el que decreta la apertura de juicio oral contra los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que son dos de los 26 procesados en la pieza política de los ERE, la relativa al procedimiento empleado para pagar las ayudas a empresas.
En el auto, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla explica que Griñán, presidente entre 2009 y 2013, será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación, mientras que su antecesor, que fue presidente 19 años, entre 1990 y 2009, lo será solo por prevaricación.
El escrito del juez recoge también un presunto delito de asociación ilícita para los 26 encausados e incluye además la petición de una fianza que asciende a 4.214.702 euros para el expresidente José Antonio Griñán para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.
En las diligencias consta que no se han creado las piezas de responsabilidad civil sobre Griñán y otros tres procesados, por lo que el juez establece las siguientes fianzas para ellos: 6.229.108 euros para José Antonio Viera Chacón; 4.214.702 euros para Carmen Martínez Aguayo y 3.763.332 euros para Francisco Vallejo Serrano.
Además de los expresidentes, el juez incluye entre los acusados a seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y a los cuatro últimos les imputa prevaricación y malversación.
Entre los 24 procesados hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.
El procedimiento, que se aplicó entre los años 2000 y 2011, tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", según explicó el juez en el auto de procesamiento.
Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros, indica el juez tras señalar que el manejo del dinero se hizo pese a las indicaciones contrarias recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado, de la Intervención andaluza, del despacho Garrigues y de la auditora Price-Waterhouse.
El escrito de apertura de juicio oral recoge las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de las partes personadas -PP, Manos Limpias y Junta de Andalucía-, cuyas peticiones oscilan desde la cárcel para ambos y al archivo de la causa.
La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.
Para Chaves pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicita ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Por su parte, Manos Limpias se adhirió a sus peticiones de cárcel y recordó que aún está pendiente que la Audiencia resuelva el recurso por el que pretenden incluir entre los procesados quince ex altos cargos de la Junta que fueron exculpados por el juez.
En el informe de la Junta se pide el archivo de la causa, al sostener que no aprecian prevaricación o malversación y "no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones".
El Partido Popular solicita dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de "asociación ilícita".
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