Acudir al colegio para atender a su propio hijo, forrar una mesa del colegio con cinta adhesiva para que no se haga daño o llevarse la silla desde su propia casa, además de demandar sin éxito la presencia de un monitor, son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los padres de Miguel C.A. en su lucha para que éste puede tener una educación digna.
Y es que el derecho a tener una educación digna, el derecho a asistir al colegio, a veces se convierte en una pesadilla para algunas familias. Para conocer uno de esos casos que dejan en entredicho el sistema educativo en nuestra región, nos desplazamos hasta Benadalid, un pequeño municipio de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, donde apenas viven unas 250 personas.
Allí nos encontramos con Miguel C.A , un niño de tres años y nueve meses que, como cualquier niño de su edad, comenzó este curso su andadura escolar. Tal y como explica su madre, María, “la única diferencia es que Miguel padece una alteración genética, una enfermedad de difícil diagnóstico que afecta a su desarrollo psicomotor por la que tiene reconocida una discapacidad del 93 por ciento”.
Es por esto que Miguel “necesita una atención específica dentro del ámbito escolar que facilite su integración y que engloba material adaptado, logopeda, profesor/a de educación especial, monitor/a para atender necesidades de higiene, alimentación, etc…”.
María relata que “durante el curso escolar 2015/16 y de manera ágil y operativa realizamos el protocolo establecido para el reconocimiento de este derecho y nos quedamos conformes con las prestaciones que nos ofrecieron, que aunque menos que en un colegio público de entornos con mayor índice poblacional, nos parecieron suficientes ya que priorizamos el hecho de que Miguel pudiese permanecer en su pueblo, con los niños con los que ha crecido, que conocen su diferencia y con los que ya la integración es un hecho”.
Pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. Así, explica, que “comenzamos el curso con ilusión e incertidumbre. Las primeras semanas, al no haber monitor ni apoyo especial, acudía yo como madre al colegio, inicialmente durante unas horas que poco a poco fuimos ampliando hasta cubrir el horario normal. Miguel parece feliz y motivado con su nueva etapa”, y eso es lo más importante.
Empiezan los problemas porque el monitor y materiales necesarios para que Miguel tenga la atención mínima que requiere, se retrasan. Sus padres comienzan a solicitarlo “y tras llamadas telefónicas, reuniones e insistencia desde todas las partes implicadas, conseguimos que nos mandasen una Profesora de Apoyo, privando al alumnado con necesidades especiales de otros municipios de su servicio, una camilla y una colchoneta”.
Pero como relata María, “los profesores de apoyo van cambiando puesto y Miguel ha de ir adaptándose a cada uno de ellos, con la dificultad que esto supone para un niño con el perfil de mi hijo (llantos, desconocimiento de su anatomía,…) y para la dinámica del aula en general”.
Además, indica que “cada jueves, al no contar con el servicio de apoyo, he tenido que acudir al colegio para hacer esta función, además de tener que ir determinados días a darle el tentempié de media mañana al negarse algunos de estos profesionales a asumir una responsabilidad que no les corresponde, como la ingesta de líquidos (por temor a que se atragante y le pidan asumir responsabilidades) y por lo que no podemos reprochar nada al ser ésta función del monitor/a que estamos reclamando”.
Pero además de la falta del monitor, en cuanto a los materiales, la madre denuncia que “el niño está usando una silla que llevamos de casa y que no reúne las condiciones necesarias para mantener la postura correcta. Y la mesa es una normal que se ha forrado con corcho y cinta adhesiva para evitar que Miguel se haga daño en su cabeza cuando pierde el control encefálico”. Lo tuvieron que hacer los propios padres a los que consta que “los profesionales que están trabajando con mi hijo evitan cualquier perjuicio y daño al niño y para ello corrigen su postura constantemente y realizan cambios de actividad con mucha frecuencia, pero lo consideramos una carga innecesaria ya que esto se soluciona tan solo con un ‘corsé silla’ cuyo coste asciende a 650 euros aproximadamente y que tiene reconocido desde abril de este año y una mesa con escotadura que está esperando ser recogida en Málaga.
El resto de los materiales, “aunque también necesarios son secundarios puesto que la profesora de infantil los suple con su creatividad, profesionalidad e imaginación. La silla y la mesa son de total necesidad y por tanto innegociables”, indica María.
Por lo tanto, “al haber agotado tanto yo, como la dirección del colegio, Ayuntamiento, las vías establecidas para exigir la materialización de nuestro derecho sin éxito, no veo otra opción que hacer uso de los medios de comunicación para hacer visible una situación de precariedad y discriminación por parte de la Junta de Andalucía que por desgracia no solo nos afecta a nosotros”. De hecho, según señala la madre de Miguel, en la provincia de Málaga hay doce familias que se encuentran en una situación similar. Por eso hacen un llamamiento a dichas familias para que se pongan en contacto ellos y “entre todos, reclamar a viva voz lo que por derecho le corresponde a nuestros hijos”.
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