Los representantes sindicales de CCOO y UGT en el centro de menores La Marchenilla han manifestado su "más enérgico rechazo a las últimas decisiones adoptadas por la dirección de la empresa GINSO, concesionaria de la gestión de este servicio dependiente de la Junta de Andalucía, y que se ha saldado con el despido de dos trabajadores del centro".
Los representantes de los trabajadores consideran "inaceptable la actitud demostrada por la dirección de GINSO que ha alegado causas económicas para proceder al despido de dos trabajadores; que los sindicatos han calificado como totalmente arbitraria, sin información previa al comité de empresa y siendo estos despedidos dos de los trabajadores más antiguos del centro".
Especialmente grave consideran los sindicatos el hecho de que se aleguen problemas económicos, “cuando la empresa tiene suscrita una concesión de la actividad por un valor de más 38 millones de euros para cuatro años”.
“Resulta grave que la Junta pueda haber dado una concesión administrativa de esta envergadura para un servicio de máxima importancia y sensibilidad social a una entidad que, con estos despidos, está poniendo de manifiesto problemas de solvencia económica”, alertaban desde la representación sindical; a la vez que reclamaban la actuación de la administración autonómica en este asunto.
Los sindicatos consideran "imprescindible que los responsables de la Junta se interesen por el deterioro de las relaciones laborales en este centro de menores, en la que el miedo al despido se ha instalado de una manera inaceptable, y proceda a la investigación de la solvencia económica de la concesionaria del mismo".
Para CCOO y UGT "detrás de estos despidos, y de los que se rumorea puedan venir en un futuro inmediato, se encuentra la represalia de la dirección de GINSO por la sentencia distada por los tribunales, por la que se les obliga a cumplir los compromisos salariales que dejaron de abonar en el año 2010. Recurrieron esta sentencia hasta el Tribunal Supremo y una vez que la han perdido han querido responder con esta agresión a la plantilla que suponen los despidos arbitrarios”.
Las centrales sindicales consideran "inaceptable que se utilice dinero público para despedir trabajadores y que se disminuya la plantilla que presta servicios a los menores, mientras se mantienen sueldos desorbitados en los puestos directivos de GINSO".
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