El Ayuntamiento de Jaén celebra el próximo viernes el debate sobre el estado de la ciudad que, al igual que ocurrió en el último celebrado en junio de 2014, llegará camuflado como un punto más dentro del orden del día del pleno ordinario, restándole así la repercusión que debería tener un debate de estas características en el Consistorio con mayor deuda per cápita de las capitales españolas y sumido en un largo túnel del que la luz se adivina muy lejos. VIVA JAÉN repasa hasta el próximo viernes las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, empezando por el estado de las concesiones y los servicios públicos más cuestionados, en especial la limpieza viaria y el transporte público.
Ya han transcurrido casi cuatro años y medio desde que expirara el contrato para la gestión del servicio de la basura que viene prestando desde mediados de los años ochenta FCC Medio Ambiente. Aunque el pliego elaborado en 2012 para adjudicar de nuevo el servicio estipulaba un precio anual de 12,8 millones, finalmente, el coste desde 2012 ha estado por encima de los 20 millones de euros, lo que supone un sobrecoste diario que el PSOE cifra en unos 24.000 euros diarios, o lo que es lo mismo, 8,6 millones anuales. Mientras, los ingresos por las tasas de recogida de la basura y tratamiento de residuos sólidos apenas suponen 6 millones anuales.
El equipo de gobierno ha venido justificando la tardanza en el nuevo pliego de la basura en las negociaciones con la Diputación Provincia para utilizar su vertedero. Desde este mes de octubre los residuos de la capital (unas 54.000 toneladas al año) se llevan a planta de Resur, con un coste para el Ayuntamiento de 1,7 millones anuales y con una bajada de la tasa de la basura (pese al primer intento del PP por subirla). Ese acuerdo entre instituciones ha sido posible por la situación de máxima urgencia que presentaba el vertedero municipal, en situación de colapso y con filtraciones a las aguas residuales. La Diputación ofreció también al Ayuntamiento la posibilidad de asumir la recogida de la basura en la capital y la limpieza viaria, pero después de varios meses de titubeos el gobierno municipal del PP ha renunciado a esa vía y ha anunciado que su apuesta es una nueva licitación del servicio. Es decir, se vuelve al mismo punto de partida en el que estamos desde junio de 2012. Mucho ruido y pocas nueces.
El giro dado por el equipo de gobierno ha coincidido en el tiempo con las presiones que han venido ejerciendo buena parte de la plantilla de FCC, con los sindicalistas de CCOO en el comité de empresa a la cabeza, contrarios a que el servicio pasase a la Diputación y partidarios de seguir con FCC como mejor vía para el mantenimiento de los más de 300 empleos. La pelota está de nuevo en el tejado del gobierno local, que se había comprometido a explorar la vía menos costosa para las ruinosas arcas municipales.
Más atado se encuentra el Ayuntamiento en la gestión del transporte público, después de que en 2006 el PP, en una decisión inexplicable, decidiera unilateralmente prolongar hasta el año 2036 la concesión a la empresa Castillo. El Ayuntamiento abona cada año a Castillo en torno a un millón de euros en compensación por el desfase en el precio que tienen las tarjetas de transporte para pensionistas y estudiantes con respecto al billete ordinario. A la aportación municipal hay que detraer la subvención estatal al transporte público, que en 2015 fue de 354.081 euros. El último dato del coste efectivo del transporte público en Jaén es del año 2014, y ascendía a 3.943.291 euros. De esa cantidad, la partida principal son 2,2 millones de euros de gastos indirectos o de explotación del servicio. Pero el transporte urbano es uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos. La oposición sí ha logrado al menos que el Pleno aprobara realizar una auditoría de las cuentas de Castillo, una tarea aún pendiente.
Al coste en los autobuses urbanos hay que unir los 1,7 millones anuales que el Ayuntamiento se ve obligado a pagar durante 17 años por la amortización de los cinco vagones del tranvía, en cocheras desde mayo de 2011.
Zona azul
El PSOE denunció ayer que se cumplen tres años desde que el PP “dejó en el limbo” al servicio de aparcamiento controlado, la zona azul, ya que no se ha avanzado en la municipalización del mismo y como consecuencia de ello la empresa que ha tenido la concesión del mismo funciona sin contrato desde octubre de 2013. La concejal socialista Matilde Cruz manifestó ayer que en este tiempo “se ha asistido a un acuerdo de municipalización por el que Epassa prestaba el servicio, a la caducidad del contrato de la empresa privada que lo gestionaba hasta esa fecha, lo que dejaba a los trabajadores pendientes mes a mes de su suerte”. El PSOE insistió en que el servicio es “autosuficiente con unos ingresos mensuales de 60.000 euros de media y permite cubrir los gastos de personal de los siete trabajadores”.
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