El Debate sobre el Estado de la Comunidad echó este jueves el telón en el Parlamento de Andalucía dejando la sensación, tras una doble jornada, de que la política nacional ha embarrado en exceso el terreno que pisan los diputados de los cinco grupos regionales. La cita que se supone debe servir para fiscalizar la gestión del Gobierno y tomar el pulso al territorio más extenso del país se acabó perdiendo en exceso en examinar el papel de Susana Díaz en el desbloqueo de la gobernabilidad en Madrid y en averiguar si su futuro está en la capital. La propia presidenta alimentó el pulso al dedicar el arranque de su intervención hace dos días a justificar, sin nombrarla, la abstención que su grupo parlamentario debe abrazar ya sin disimulos como opción válida cuando toque votar a Mariano Rajoy.
Tras el rifirrafe en clave nacional y regional del miércoles, la del jueves era una jornada descafeinada por definición. Era de hecho el turno de segundos espadas (Crespo en lugar de Moreno Bonilla en el PP; Esperanza Gómez por Rodríguez en Podemos; Romero por Marín en C’s, y Elena Cortés por Maíllo en IU). El combate cayó en intensidad tras el derroche dialéctico del día anterior. Díaz no disimuló su “contrariedad” por lo que cree que es disgusto entre Podemos, PP e IU por la “estabilidad” (de nuevo su palabra favorita) de Andalucía con unos inminentes nuevos Presupuestos, y Mario Jiménez, en nombre del PSOE, arremetió de nuevo contra los dos primeros y su teoría de la nueva pinza.
La duda de la segunda y última jornada del debate era cuantificar cuántas propuestas de resolución serían capaces de salir adelante entre tanta crispación. Finalmente se aprobaron 125 de las 174 iniciales. De ellas, hasta 94 presentadas desde la bancada de la oposición, bien porque el PSOE se quedara en soledad en su intento de rechazo o bien porque el tono difuso y generalista de la redacción impidiera que nadie se pronunciara en contra.
La pregunta recurrente es si realmente tienen utilidad las resoluciones que dejan como legado los Debates de la Comunidad. Visto el precedente de 2014 surge la duda, pese a que el Parlamento está por ley obligado a impulsarlas y velar por su cumplimiento. Varios ejemplos de tono generalista es que de las 125 que vieron ayer la luz las hay que reclaman un pacto por el empleo, que se apoye a los emprendedores, reducir la morosidad en los pagos de la Administración, que los fondos públicos se repartan sin oscurantismo y que se potencien la industria, el turismo y la agricultura. Salieron adelante, entre otras cosas, porque el PSOE puede siempre justificar que lleva ya décadas trabajando en ello.
Mirando al Congreso
En otro bloque aparecen las que resucitan conflictos con la Administración central y sobre las que el Ejecutivo autonómico podrá sólo patalear y, en la medida de sus posibilidades, batallarlas en el Congreso de los Diputados contra un hipotético nuevo Gobierno del PP en minoría. La Cámara aprobó por ejemplo la petición de la derogación de las reválidas educativas, que no se recurra la recuperación de las 35 horas semanales para los empleados públicos, que se reduzca el IVA cultural o una nueva petición para la revisión del modelo de financiación autonómica.
En el lado positivo también hay iniciativas con objetivos concretos: del pacto contra la corrupción que eliminaría de las listas electorales a los salpicados hasta un plan para el ferrocarril, un registro de viviendas deshabitadas o la renovación de la cúpula de Canal Sur. Así hasta 125, muchas difusas y otras alcanzables.
La Conferencia de Presidentes, fuera
El PSOE fue el triunfador sacando adelante 34 de sus 35 propuestas, ya fuera por hacer valer su pacto con C’s o por atraer el respaldo de otras fuerzas por el carácter genérico de las iniciativas. La única que vio tumbada fue por sorpresa: la Cámara rechazó que se solicite una Conferencia de Presidentes para analizar la financiación autonómica, entre otros temas. PP-A y Podemos votaron en contra, mientras que C’s e IU se abstuvieron.
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