Antonio Fernández tiene desde este jueves nuevos argumentos para estar más que preocupado por su futuro procesal. Para el que fue consejero andaluz de Empleo entre 2004 y 2010 solicita la Fiscalía Anticorrupción hasta 20 años de prisión y 44 de inhabilitación por su supuesta responsabilidad en los ERE irregulares de los que se beneficiaron las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica, dos de las ramas en las que se bifurca el entramado de las prejubilaciones y ayudas fuera de todo marco legal que concedió la Junta durante una década. Esa petición se suma a los ocho años de cárcel que ya planeaban sobre su cabeza cuando se dictó el auto de la pieza política del caso, la misma que persigue a los expresidentes Chaves y Griñán y otros 23 exaltos cargos del Ejecutivo regional.
Fernández se ve señalado ahora por las sospechas de haber incurrido en los delitos de falsedad en documento oficial, malversación de fondos y prevaricación en torno a la concesión de los más de 5,5 millones de euros en ayudas que recibieron las compañías en apuros para poder financiar la extinción, en conjunto, de 61 puestos de trabajo.
Los dos escritos presentados por la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla salpican a 28 procesados, 12 de ellos exaltos cargos de la Junta. Entre los acusados figuran el exviceconsejero de Trabajo Agustín Barberá, elexdelegado de esa Consejería en Sevilla Antonio Rivas y, cómo no, el exdirector general Francisco Javier Guerrero, el eje en el que todo converge. Además, figuran otros exdirectores como Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, altos directivos de la Agencia Idea y el antiguo IFA, un abogado e incluso varios integrantes de la cúpula de las empresas que resultaron beneficiadas.
También aparece de nuevo otra figura clave en los ERE, Juan Lanzas. Para el que fuera bautizado como el “conseguidor” de las ayudas, reclama Anticorrupción ocho años de cárcel sólo por el caso de Surcolor. Según todos los indicios, habría sido el encargado, siguiendo su proceder, de tocar los resortes adecuados para que el dinero circulase desde la Administración hacia las empresas regateando todos los controles. Todo ello con la presunta complicidad de las sociedades pero, sobre todo, de Guerrero y Rivas. La guinda era, entre otras ilegalidades, la colocación de intrusos entre los prejubilados.
La Fiscalía Anticorrupción, dentro del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado un total de 20 años y 4 meses de cárcel y 44 años de inhabilitación para el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández por las ayudas a las empresas Acyco y Surcolor y Surcolor Óptica, lo que se suma a la petición de otros ocho años de prisión realizada en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas.
Dos escritos
En el escrito de acusación correspondiente a Acyco, la Fiscalía pide para el exconsejero de Empleo ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de cárcel, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.
Asimismo, y dentro de la pieza de Acyco, que recibió 3,2 millones en ayudas, fueron procesados otros cinco ex altos cargos, entre ellos el de Empleo Agustín Barberá, para el que interesa un total de 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; o los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, para los que solicita, respectivamente, ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel.
De igual modo, la Fiscalía pide ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano; 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, y penas de entre ocho y seis años de cárcel para dos extrabajadores de Vitalia y un 'intruso'.
En el caso de Surcolor-Surcolor Óptica, el Ministerio Público solicita ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación, para Antonio Fernández, Agustín Barberá, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín. La Fiscalía relata que fue el 22 de marzo de 2005 cuando la mercantil solicitó a la Delegación de Empleo en Sevilla la solicitud de un ERE para la extinción de los contratos laborales de los 45 trabajadores de la plantilla de la empresa "por razones económicas", ante lo que la Junta advirtió "defectos y omisiones".La empresa fue requerida para subsanarlos, "sin que ello se hiciera", lo que motivó el archivo del expediente mediante resolución de 20 de mayo de 2005 firmada por Antonio Rivas, dice la Fiscalía, que resalta que "en fechas anteriores le habían sido autorizado a estas empresas tres ERE, dos suspensivos y uno extintivo, que afectaron a 43 personas".
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