La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha respondido en un comunicado a las críticas vertidas por grupos ecologistas de la comarca en relación a las conclusiones de un estudio del Tribunal de Cuentas Europeo acerca de asuntos como sostenibilidad ambiental y gestión presupuestaria en distintos puertos europeos -entre ellos el algecireño- que "la APBA no ejecuta obras sin los pertinentes estudios ambientales".
Los conservacionistas habían tachado de "insostenible" la gestión de la APBA, a lo que el propio presidente de dicha entidad, Manuel Morón, ha respondido que "la Autoridad Portuaria ha tramitado escrupulosamente las Evaluaciones de Impacto Ambiental correspondientes a cada uno de los proyectos ejecutados por ella".
En este sentido, Morón, en una respuesta oficial a los medioambientalistas, a través de un escrito dirigido a Agaden, ha añadido que "como caso paradigmático, le invito a recordar que una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable supuso en 2011 la paralización de la ampliación prevista en el Puerto de Tarifa".
El máximo representante de la organización portuaria hizo mención a las alusiones ecologistas de la "falta" de "Evaluación de Impacto Ambiental de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Fresno Sur”, recalcando que "no es competencia de esta Autoridad Portuaria, cuya participación en la sociedad actualmente denominada Red Logística de Andalucía, S.A. es del 8%, recabar dicha evaluación".
En relación con el informe del Tribunal de Cuentas Europeo en el que denuncian lo que consideran “ineficacia e insostenibilidad” de las inversiones en los puertos europeos, la APBA ha hecho puntualizaciones sobre el proyecto de Isla Verde Exterior, y el proyecto de Campamento, mencionados en el estudio.
Así, respecto al primero, el Informe del TCE califica de “infrautilizada” la inversión llevada a cabo por la APBA con ayuda de fondos comunitarios. "Dicha infrautilización se refiere a sólo 30 hectáreas de las 125 que constituyen el total de este proyecto. En la superficie ya ocupada de este proyecto se encuentran operativas actualmente las siguientes instalaciones:primera fase de la planta de almacenamiento de graneles líquidos de Vopak y una superficie adicional para una segunda fase, ampliación de la planta de almacenamiento de graneles líquidos de CLH, una terminal ferroportuaria, una planta de depuración de aguas residuales, una subestación eléctrica, la Fase A de la terminal de contenedores de Total Terminal Algeciras (TTI-A", precisaron.
Manifestaron por parte de la APBA además que el conjunto de estas instalaciones representa, hasta la fecha, una inversión de iniciativa privada de 360 millones de euros y que hay previstos o comprometidos, también de iniciativa privada, otros 240 millones de euros.
Aclaró la APBA además que "la superficie no ocupada de Isla Verde Exterior corresponde a la Fase B de la terminal de contenedores de TTI-A". Recordó que dicha Fase B fue otorgada, según las bases del concurso convocado al efecto, como “opción preferente” y por un plazo acotado, a la empresa concesionaria de la Fase A, la surcoreana Hanjin Shipping, para una posible ampliación de sus actividades como terminal marítimo de contenedores. "Agotado dicho plazo y debido a las dificultades financieras de la concesionaria, ésta renunció a dicha opción preferente. Tras dicha renuncia, la APBA procedió a iniciar los trámites para abrir un concurso para una nueva terminal de contenedores en dicha Fase B. El concurso se encuentra actualmente en fase de recepción de ofertas, que finaliza el 30 del próximo mes de noviembre. Estos extremos fueron trasladados en su día a los inspectores del TCE, que han hecho caso omiso de los mismos en su Informe", expuso la Autoridad Portuaria.
Por otro lado, para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras "llama poderosamente la atención que el comunicado de prensa del TCE omita cualquier mención a los comentarios que la propia Comisión Europea (CE) ha realizado a consultas del Tribunal". En este sentido, citó la APBA esta explicación de la propia CE: "En el caso de España (…) el Estado miembro no declara sobrecostes como parte de su declaración de gastos a la Comisión. Como consecuencia de ello, estos costes excesivos no están cofinanciados por el presupuesto de la UE”
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