En la vista en sede judicial celebrada el viernes pasado sobre la petición de la medida cautelar de paralización de las obras en las Atarazanas formulada por Adepa llamó poderosamente la atención la afirmación del arquitecto coautor del proyecto, Eduardo Martínez Moya, sobre el estado constructivo del edificio al considerar que se encuentra en una “situación límite”, esto es, a un paso de la ruina.
Esta sorpresa viene motivada porque tal afirmación contradice frontalmente lo que se mantiene en la documentación del mismo proyecto. En distintos apartados se alaba la solidez y resistencia de arcos y pilastras y la inexistencia de grietas o fisuras. Por ejemplo, en el apartado específico sobre su estado que transcribo se afirma:
“Diagnósis de su estado:
El estado de conservación del edificio es muy aceptable. Destacan la estabilidad y capacidad portante que ofrecen las series de arcos medievales, como demuestran:
-La dimensión colosal de los arcos, de los que se presume su capacidad portante.
-La potente cimentación en zanja corrida e hincada en las arenas, como ha demostrado la intervención arqueológica. A esta cimentación hay que añadir el efecto complementario del soterramiento de sus pilares en 6 m. lo que incrementa su capacidad de asunción de cargas y empujes.
-y, sobre todo, la respuesta a las cargas de las bóvedas y doblamiento de altura que registran estas arcadas, sin apreciación tangible de fisura o asiento alguno”
¿Cómo es posible sostener en sede judicial que el edificio está al borde de la ruina después de afirmar todo lo contrario en el proyecto? Si el estado de conservación es “muy aceptable” y si no se aprecian grietas ni “fisuras ni asientos” ¿cómo se puede sostener ahora que está en “situación límite? ¿Cuál es la verdadera situación?
Tal parece que como, primero, el proyecto plantea sobrecargar el monumento con construcciones y actividades nuevas, (hasta llegar, en algunos puntos, a casi triplicar la actual carga) interesa argumentar que el edificio es muy sólido y resistente y así se afirma en el proyecto. Pero que, cuando después la situación cambia y el inicio de las obras se dilata, entonces se recurre a unos supuestos y nunca antes advertidos signos de ruina para reclamar públicamente su inicio urgente para “salvar” el monumento. No nos parece una actitud muy rigurosa.
Pero la verdadera incógnita se mantiene sobre cuál es el estado real del edificio. El proyecto no lo aclara, y no lo aclara, sencillamente, porque no lo estudia ni lo investiga. Resulta impensable que, en un proyecto de ejecución de 3.444 páginas, solamente se dedique el medio folio que he transcrito a la diagnosis sobre el estado de un Bien de Interés Cultural de más de siete siglos de antigüedad.
Parece increíble que, en pleno siglo XXI, con las técnicas tan sofisticadas disponibles para el análisis de las construcciones históricas, con la posibilidad de radiodiagnóstico y de realizar ensayos no destructivos, no se aporten estudios patológicos exhaustivos de sus elementos constructivos; que tampoco se haya elaborado una carta de Riesgos (como ha exigido Icomos); que no se hayan realizado catas ni ensayos, salvo los imprescindibles del terreno para poder calcular los micropilotes, y que, por toda argumentación, se recurra a la subjetividad de “se presume su capacidad portante”.
Seamos rigurosos. No se puede plantear una intervención tan pesada como la prevista sobre un monumento medieval que ha sufrido toda clase de alteraciones físicas y funcionales, de amputaciones y demoliciones internas, de rellenos con escombros, de remontes por necesidades castrenses, de siglos de menosprecio y olvido sin, antes, preocuparnos y preguntarnos exhaustivamente sobre su estado, sus necesidades y sus “achaques”. Nuestra historia y nuestro patrimonio exigen el mayor respeto y el máximo rigor que nos sea posible.
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