De defensor del cumplimiento de la ley a sentarse en el banquillo. Una paradoja de la vida que va a vivir en primera persona B. R. P, agente de la Policía Local de Huelva que en noviembre será juzgado en la Audiencia Provincial por un delito continuado de estafa cometido por funcionario público y otro continuado de falsedad de documento oficial.
El juicio se celebrará del 7 al 9 de noviembre, ante un tribunal del jurado, en la Sección Tercera, por unos hechos que se remontan a 2011 y 2012 y que tenían como fin, según argumenta la acusación, “enriquecerse ilícitamente a costa del Ayuntamiento de Huelva”.
Así, según relata la Fiscalía de Huelva en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Viva Huelva, este agente habría falseado vales de combustible del Ayuntamiento para el repostaje de vehículos policiales, así como la firma de funcionarios que debían autorizar esas operaciones, que le habrían reportado “dinero en efectivo, vales de lavado o artículos de tienda” de la gasolinera con la que el Consistorio tenía un convenio para el repostaje de la flota de vehículos de la Policía Local.
Aunque el dinero presuntamente defraudado a las arcas públicas no es muy elevado -asciende a un total de 2.901,66 euros-, el agente habría recurrido a este método fraudulento de enriquecimiento hasta en 65 ocasiones, 12 veces en 2011 y 53 en 2012.
Según explica la Fiscalía en su escrito, los empleados de la gasolinera, ubicada en San Juan del Puerto, “con el convencimiento de que el acusado contaba con el respaldo absoluto de sus jefes y de la Policía Local y ante el miedo a la posibilidad de poder perder su trabajo o de enfrentarse a la Policía Local de Huelva, le proporcionaban el equivalente en dinero a la cantidad sobrante en litros de los vales expedidos por el agente, bien en dinero en efectivo, bien en vales de lavado, o bien en artículos de tienda que el acusado incorporaba a su patrimonio personal”.
Como ejemplo, un día de enero de 2011 “el acusado simuló a través de estos vales repostar 54 litros cuando el vehículo supuestamente sólo había recorrido tres kilómetros desde el repostaje anterior”, reza en el escrito fiscal.
Por todo ello, la Fiscalía pide para este agente seis años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo, una multa de 24 meses con cuota diaria de 15 euros -sumaría más de 10.500 euros-, indemnizar al Ayuntamiento con 2.901,66 euros, que es el total defraudado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público como funcionario de Policía Local durante seis años, lo que supondría la pérdida definitiva de su condición de agente.
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