El exconsejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto donde el juez Álvaro Martín confirmó su procesamiento dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE irregulares y ha criticado el daño "injusto, gratuito e irreversible" que se le ha causado con su imputación en este caso.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Zarrías apela a la "responsabilidad constitucional" de la Audiencia Provincial para "que confirme ahora, de acuerdo con el Derecho, que no hay motivos para inculpar" a su patrocinado por un delito de prevaricación y archive la causa, solicitando de manera subsidiaria a la Audiencia que acuerde dejar sin efecto la conclusión de la causa y la incoación de procedimiento abreviado para proseguir con la instrucción.
En este recurso contra el auto de 26 de julio en el que el magistrado confirmó su procesamiento, el letrado del exconsejero, Gonzalo Martínez-Fresneda, asevera que "cuando la tensión política deje de contaminar el debate judicial" y Zarrías "se vea exculpado por completo de estas imputaciones infundadas, será ya demasiado tarde", ya que "nadie se dirigirá a él para reconocer el error cometido en su persona, ni le reparará el daño injusto, gratuito e irreversible que se le ha causado".
El abogado dice que el auto donde el magistrado confirmó su procesamiento "deja sin contestar de forma manifiesta todas nuestras observaciones, lo cual resulta inexplicable", y "trata de despachar en unas líneas, dejándola sin respuesta, la impugnación que esta defensa dirige contra el auto de transformación".
De este modo, insiste en que el auto de procesamiento se ha dictado sin que la instrucción esté concluida y en que se ha vulnerado el derecho al juez natural, mientras que también asegura que "es manifiestamente nula" la decisión de incoar procedimiento abreviado por un delito de malversación "cuando la causa sólo se había incoado para investigar un delito de prevaricación", lo que ha tachado de "barbaridad".
"Es cierto que no pesa contra Zarrías imputación alguna de malversación, pero también es cierto que traer a colación de forma inopinada una imputación de malversación, bien que contra otros, también le afecta, al vincular este nuevo tipo a la prevaricación, cambiando así el marco general fáctico sobre el que se había desarrollado el debate de la instrucción", explica el letrado del exconsejero en este recurso consultado por Europa Press.
"DECEPCIONANTE"
En relación con los hechos imputados a su cliente, el abogado califica de "decepcionante" el auto de procesamiento y su confirmación y asegura que el instructor "será incapaz de referir algún dato objetivo de que conociese las hipotéticas irregularidades" del procedimiento específico.
A su juicio, el magistrado "será incapaz de señalar, entre los más de 100.000 folios recabados por la Justicia, dónde está dicho o quién ha declarado que Zarrías conociera las entretelas de tal procedimiento, o supiera de su irregularidad; quién se lo dijo, se lo propuso o se lo comentó; o qué informe, memorándum, dossier o consulta llegó a la Consejería de la Presidencia advirtiendo que tal supuesto procedimiento sería, no ya delictivo (nunca hubo tal) sino apenas cuestionable desde el punto de vista del escrúpulo presupuestario".
"En ninguna parte; es todo un puro invento", abunda el letrado, que considera que el auto dictado por el juez "es llamativamente pobre" respecto a su patrocinado "y apenas se limita a referir frases de estilo y lugares comunes para justificar su decisión de incoar el procedimiento abreviado contra él".
"UNA LEY ILEGAL"
Al hilo de ello, asevera que "todo el relato en el que basa su decisión el instructor es una construcción artificiosa que gira en torno a una palabra talismán: las llamadas 'transferencias de financiación'", una figura presupuestaria que constituye para el magistrado "la cifra y suma de todas las arbitrariedades" y que, "en la medida en que forma parte de los presupuestos, tiene la condición normativa de Ley", por lo que "si consideramos que su utilización es prevaricadora, incurrimos en una antinomia de difícil solución: se trataría de una ley ilegal".
El letrado dice, en esta línea, que el juez atribuye a su cliente haber votado a favor, como miembro del Consejo de Gobierno, de determinadas modificaciones presupuestarias, las cuales "contaban con el aval de la Intervención General de la Junta", por lo que se pregunta "cómo podría sospechar mi mandante que había algo irregular en ellas, desde un punto de vista contable o presupuestario".
"¿Cómo entender delictivas estas modificaciones si se realizaron siempre con el pertinente aval de la Intervención General?", se cuestiona el abogado, que asegura que Zarrías "no tenía elementos de hecho que le aconsejaran votar en contra del criterio del interventor", a lo que se suma, según agrega, que todas las modificaciones, "una vez acordadas, eran trasladadas a la Mesa del Parlamento de Andalucía", por lo que éste "fue informado de tales modificaciones y no advirtió anomalía o extravagancia en su contenido, como debería haberlo hecho si la irregularidad de la que adolecían fuera flagrante, grosera y manifiesta".
"UNA DIFAMACIÓN"
Asimismo, critica que el juez "se limita a explicar" en el auto que el uso de las transferencias "es injusto, pero no llega a concluir que el resultado de haberlas usado sea injusto", no obstante lo cual no cuestiona que durante la instrucción "se han constatado indicios de irregularidad en ciertas decisiones de gasto, básicamente vinculadas al director general de Trabajo, y relacionadas bien con el desvío de fondos dados para ayudas a empresas, bien con la inclusión en la relación de afectados por los ERE de personas que no habían trabajado en las empresas".
"Ahora bien, argumentar que toda la Junta, incluyendo su Consejo de Gobierno, mantuvo durante largos años una voluntad delictiva al solo fin de proveer a este director general de Trabajo de un procedimiento para incluir a diversas personas (su suegra y otros amigos) en ERE es algo más que ridículo, es una difamación", ya que estos comportamientos, "realizados al margen del Consejo de Gobierno, no tienen nada que ver con la estructura contable del presupuesto de Andalucía".
A su juicio, "debatir en sede penal un sistema de ayudas sociolaborales que trataba de dar respuesta a unas situaciones críticas por las que atravesaban miles de familias en Andalucía, supone convertir al sistema de justicia penal en algo más que 'un mero instrumento de política criminal', supone convertirlo en un mero instrumento de política".
Tras insistir, en relación a las transferencias, en la idea de que Zarrías "no participó ni en su ideación, ni en su cumplimentación ni en su desarrollo", el abogado subraya que el auto de procesamiento "es una resolución apresurada que, antes del fin de la instrucción, sienta las bases para una acusación injusta", lamentando que el juez "no haya dedicado el menor tiempo a valorar, de forma sosegada y serena, los elementos obrantes en las actuaciones, superando el ruido mediático que contamina y lastra" la causa.
Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Zarrías un total de diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
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