La propuesta que el grupo municipal Por Sanlúcar sí se puede llevó al Pleno celebrado el pasado martes para instaurar la laicidad en las administraciones, comenzando por el Ayuntamiento de Sanlúcar, no salió adelante. En las votaciones, la moción contó con los votos en contra de los grupos municipales de PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que los tres ediles de la formación promotora y los cuatro de Izquierda Unida sí respaldaron la iniciativa.
El debate, tras cinco horas de Pleno, fue intenso. El portavoz de Por Sanlúcar sí se puede dio lectura a su moción y en el cierre del debate incidió en que la propuesta no pretendía eliminar la Semana Santa sino llevar a cabo la separación entre confesiones y Estado. Por parte de IU, quien añadió además una enmienda para que la ciudad se sumara a la Red de Ciudades Laicas. La edil Ifigenia Bueno apuntó hacia una “mala lectura o interpretación” de la moción como justificación de la polémica suscitada y abundó en que el Ayuntamiento “no debe mantener más su presencia en actos religiosos”, solicitando el cese de invitaciones para este tipo de eventos de carácter religioso.
Una postura totalmente opuesta a la que defendió la concejal de C’s, Elena Sumariva, quien acusó a los miembros de Podemos de “intentar coartar las libertades”. “Estáis sesgando y discriminando”, añadió Sumariva, acusando a los concejales de PSSSP de buscar la “confrontación”.
Para la portavoz del PP, Ana Mestre, la propuesta de PSSSP “muestra un gran desconocimiento”, haciendo lectura delos acuerdos donde se establece la exención de IBI no sólo a la religión católica sino a todo tipo de confesiones que mantengan acuerdos con el Estado, uno de los puntos que abordaba la moción. “Viene ustedes a confrontar e imponer su modelo de sociedad, basándose en respeto, incongruencia y atropello a las libertades”, argumentó Mestre.
El portavoz socialista, Juan Oliveros, se refirió expresamente a los puntos 4 y 7 de la moción, que recogían que “no se promoverán por parte de este Ayuntamiento, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento de carácter civil” y “no se donará, ni se facilitará suelo público, ni locales, ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales municipales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades a ninguna confesión o institución religiosa por el hecho de serlo”. Para Oliveros: “esto significa lo que significa”. “No vale la ambigüedad de decir que no queréis eliminar nada. Si hacemos caso, estaríamos eliminando la iluminación, epifanía, fiestas patronales, alfombra de sal, iluminación extraordinaria Navidad y Semana Santa...”
Al cierre del debate, Alhambra incidió en que “no se trata de acabar con nada, con la Semana Santa ni Navidad. Se trata de acabar con los privilegios porque la Semana Santa no la sustenta el Ayuntamiento sino las hermandades, los ciudadanos con sus papeletas de sitio y haciendo rifas en sus barras”, aseguró.
En el salón de plenos se dieron cita representantes del mundo cofrade y del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar de Barrameda, que incluso llegaron a plantear la convocatoria de un Pleno de hermanos mayores al conocer el contenido de la propuesta que defendió el grupo municipal Por Sanlúcar Sí Se Puede.
Reglamento y expedientes
En otro orden de cosas, en la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre se aprobó rechazar las alegaciones presentadas por la empresa Aqualia, encargada del ciclo integral del agua, sobre los expedientes sancionadores que el Ayuntamiento le impuso por varios motivos, entre ellos, por no abordar la limpieza de los imbornales o por exceso de recaudación, así como por un millón de euros cobrado “en exceso” a los ciudadanos. La edil de Hacienda, Inmaculada Muñoz, explicó que “el Ayto está controlando la concesión e imponiendo sanciones por no cumplir las condiciones pactadas”, opinión que no compartieron desde las bancadas de IU y PSSSP.
Por otro lado, sí prosperó la propuesta del grupo de Podemos para crear un reglamento que regule las contrataciones temporales en el Ayuntamiento, aunque la moción original tuvo que ser modificada con una enmienda del PP, ya que proponía una cuestión no legal, como que los políticos formen parte de ese procedimiento.
LOUA y plusvalías
Por unanimidad se aprobó la propuesta del Partido Popular para elaborar un censo de viviendas susceptibles de acogerse a la última modificación de la LOUA, esto es, viviendas construidas de forma irregular, que puedan constatar que tienen más de seis años de antigüedad y que no están inmersas en ningún procedimiento jurídico ni ubicadas en suelos inundables. El PP defendió esta propuesta que fue aceptada por el Gobierno local, que ya tiene identificadas 912 viviendas a las que podría aplicársele esta normativa que permitirá, entre otras cosas, el dotar de luz y agua a estas casas y su inscripción en el Registro de la Propiedad. También salió adelante la propuesta de Ciudadanos para reducir el impuesto de plusvalías, si bien el equipo de Gobierno se abstuvo en esta iniciativa hasta conocer el alcance económico de la misma y su viabilidad técnica y legal. La iniciativa persigue reducir en un 95% la parte municipal de este impuesto, que supone el 30% del total.
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