La juez de Instrucción número 8 de Sevilla ha archivado la causa abierta hace más de seis años contra 12 policías locales imputados por un presunto delito de cohecho por su supuesta participación en una trama dedicada al cobro ilegal de tasas municipales de transportes y a la retirada de multas de tráfico a cambio de dinero.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez archiva la causa contra las 17 personas que permanecían imputadas, como son estos 12 agentes, un tramitador de documentos administrativos y cuatro trabajadores de empresas de grúas, uno de los cuales ha estado representado por el abogado Juan Manuel Gabella, del despacho Burear Abogados y Economista.
La juez concluye que, "si bien la prolija investigación" practicada por la Gepol "ha arrojado indicios aislados, hechos concretos y noticias sobre posibles actuaciones" de los agentes encausados "a cambio de dinero, no ha podido precisarse transacción económica o entrega alguna, quizás esencialmente motivado por el fallecimiento del principal encausado, a cuyas 'órdenes' e incluso bajo cuya presión actuaban en su caso los agentes imputados".
En este sentido, la magistrada María de los Reyes Flores considera que "debe atribuirse al mismo la 'organización' del sistema para no cobrar en el modo establecido el canon por servicios especiales, favoreciendo así a empresas concretas, así como constaría indiciariamente acreditado que percibía dinero de tales empresas, 'trabajando' para las mismas por las tardes".
"Tanto en este tema como en el de las multas de tráfico, lo cierto es que la dificultad probatoria, pese a la exhaustiva labor investigadora, radica en la inexistencia de mecanismos de control y reglamentación de la actuación y custodia de los documentos en el propio Ayuntamiento, constando incluso que se modificó tanto el sistema de cobro del canon como el régimen de custodia de los boletines de denuncia", asevera.
ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Según subraya, "no ha sido posible llegar a conclusión cierta y concreta de actuaciones que pudieran encuadrar en el tipo penal pretendido, del que obviamente hay indicios, más no suficientes para concretar una imputación penal, por lo que en todo caso debería solventarse en el ámbito administrativo y reglamentario tal posible comportamiento irregular o ilícito".
La instructora recuerda en el auto, fechado el 29 de septiembre y consultado por Europa Press, que la investigación judicial comenzó después de que un agente de la Policía Local fuera detenido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional dentro de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se saldó con la intervención de 1.500 kilos de hachís.
Los agentes de la Udyco registraron la taquilla del agente detenido, donde se hallaron numerosas copias de boletines de denuncia por infracciones de tráfico correspondientes a diversos vehículos y titulares, así como documentos relativos a denuncias de inmovilizaciones de vehículos de servicios de la grúa municipal.
Tras ello, el Juzgado decidió investigar este presunto delito de cohecho en una pieza separada e incluso se creó una unidad específica dentro de la Policía Local para investigar la presunta trama, detectando los agentes que "de forma sistemática y organizada, prevaliéndose de su condición de Policía Local, realizaba acciones tendentes a quitar y hacer desaparecer multas de tráfico de encartados y amistades con el claro fin de dejarlas sin efecto, dejando a un lado su obligación de tramitarlas y darles el curso adecuado para que la sanción sea tramitada legalmente".
MULTAS DE TRÁFICO
Así, y según expone la magistrada, la investigación policial, "pormenorizada y exhaustiva", se desarrolló en un doble sentido "al ir apareciendo indicios tanto de una presunta trama entre funcionarios de Policía Local para dejar sin efecto multas de tráfico, supuestamente a cambio de dinero, e igualmente indicios de una presunta trama entre ellos que actúa en relación a los acompañamientos de servicios de transportes especiales, que incide en el cobro del canon municipal, favoreciendo al parecer a determinadas personas y/o empresas".
Tras precisar que la instrucción de la causa --de más de 6.000 folios-- fue llevada por la anterior titular del Juzgado hasta su fallecimiento, la juez dice que en el curso de dichas investigaciones "se detectan también indicios de actuaciones realizadas por determinados agentes de Policía Local, fuera de servicio, favoreciendo a determinadas personas, bien acotando zonas, cortando calles o con otras actuaciones en vía pública".
En este punto, la magistrada asevera que "un elemento clave en el examen de lo actuado, en la dificultad probatoria y que ha contribuido a incrementar la complejidad de la instrucción", fue el fallecimiento del principal investigado "como supuesto cabecilla de la trama, que es quien según los indicios recabados era quien se hallaba al frente y organizaba en su caso a los agentes que colaboraban con él en esas actuaciones".
En relación con las multas de tráfico, la juez señala que "es cierto que se constata en la investigación que no existía control exhaustivo ni cadena de custodia sobre las mismas, tanto los del propio Ayuntamiento como incluso las precedentes de la DGT", mientras que también se constata que la operativa utilizada, tras ser denunciado un ciudadano por una infracción de tráfico, "generalmente estacionamientos indebidos, era la de contactar con la persona en cuestión de Policía Local, quien o bien elaboraba un recurso contra la sanción en los propios ordenadores del Ayuntamiento o bien emitía una justificación simulada y previa de tener autorizado por un agente de servicio dicho estacionamiento".
Como datos e indicios objetivos, la juez alude al análisis de los seis ordenadores de la unidad de Tráfico-Motoristas que fueron intervenidos, análisis en el que se detectaron cerca de 300 archivos borrados con escritos de descargo respecto a denuncias de tráfico, y a las conversaciones telefónicas intervenidas donde agentes hablaban de retirar multas de tráfico a cambio de dinero.
INFORME DE LA GEPOL
La instructora señala que estas actuaciones fueron corroboradas por las testificales de otros agentes y añade que "incluso tuvo lugar alguna reunión para tratar esas presuntas irregularidades, en las que no se adoptó acuerdo alguno y se pone de manifiesto que la situación era conocida, al menos por rumores, por los superiores".
En este sentido, la juez manifiesta que el informe emitido por la Gepol "refleja que en este actuar respecto a las multas" el agente fallecido "era el que fijaba el precio a percibir por cada denuncia recurrida", y concluye que, respecto a los policías acusados, no existen "elementos suficientes para sostener la imputación pretendida".
En relación a la aplicación de la ordenanza fiscal por servicios especiales, en servicios de cortes de calles y acompañamientos de transportes especiales esencialmente, la juez expone el procedimiento habitual en los mismos y recuerda que se detectaron tanto valoraciones a la baja como servicios que no fueron objeto de la pertinente valoración.
Incluso, ello motivó que el propio gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla remitiera en diciembre de 2009 un escrito a la unidad de Operaciones "solicitando que se revisara si se establecían remitiendo todos los servicios susceptibles de tasa, dado que detectaba una disminución por años de lo recaudado por tal medio".
La instructora asevera que en el ámbito de los acompañamientos se atribuye al agente fallecido "ser el cabecilla de la trama" y, seguidamente, analiza el delito de cohecho y concluye que no existen indicios "suficientes" para continuar la causa contra los imputados, por lo que decreta el archivo de la causa.
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