El diputado socialista y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, va a defender en el próximo pleno del Ente provincial una moción en la que los socialistas piden al Gobierno de España que “se trabaje todo lo necesario para paralizar la disolución de las empresas públicas dependientes de las entidades locales que prestan servicios públicos a la ciudadanía”.
En este mismo sentido, el diputado ha aseverado que “es un agravio del PP el someter a los Ayuntamientos a la extirpación de empresas municipales que tienen como finalidad el impulso económico y social, así como otras que prestan servicios tan importantes como el transporte urbano, el abastecimiento y depuración de aguas o la recogida y tratamiento de residuos”. Por todas estas razones, ha dicho Boix “vamos a solicitar que se anule dicha petición de disolución de las mismas requeridas por el Sr. Montoro”.
Así pues, tras las cartas que han recibido muchos Consistorios por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas exigiendo la extinción inmediata de todas las entidades dependientes de ellos y que en los dos últimos ejercicios han presentado cuentas negativas el PSOE “considera que esto es un atropello, no sólo para la autonomía local, sino que es una medida que va en detrimento directo de la ciudadanía”, ha defendido Ruiz Boix.
Ha seguido afirmando que “con esta decisión del Gobierno de Rajoy, ahora en funciones, se dejan de prestar servicios públicos que resultan ser esenciales para la vida cotidiana de la ciudadanía”. Todo esto hay que tenerlo en consideración pues “ninguna administración está en condiciones de dejar de prestar esos servicios, ni de seguir fomentando las actividades de desarrollo local que van encaminadas a la recuperación económica”, ha dicho el socialista. Pero lo que resulta más “sorprendente” es que “todo se quiere llevar a cabo sin que antes se haya planteado una alternativa a la prestación de esos servicios y tampoco a la situación laboral que le sobrevendría a los trabajadores que desempeñan en dichas empresas su actividad laboral”, se ha mostrado preocupado Ruiz Boix.
Por último, desde el Grupo Socialista de la Diputación se quiere trasladar que “esta exigencia del ministro Montoro responde a una norma cuya constitucionalidad se halla, en estos momentos, impugnada por el Tribunal Constitucional debido al recurso que han presentado más de tres mil Ayuntamientos por defender que dicha norma vulnera el principio de autonomía local reconocido en nuestra Constitución”.
Además, Ruiz Boix ha dicho que “es una temeridad que el PP haya procedido a este tipo de políticas restrictivas”, ha añadido, “los principales afectados son los propios ciudadanos y ciudadanas, pues se dejarían de prestar unos servicios esenciales que afectaría incluso a patronatos de escuelas infantiles, así como a entidades que, según los Ayuntamientos, no estarían afectadas por las disposiciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Entidades Locales y eso no lo vamos a permitir”, ha concluido.
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